Las designaciones de Fernando Camacho y José Luis Lupo como embajadores generaron críticas y cuestionamientos de distintos sectores políticos, principalmente por una posible incompatibilidad con la normativa de arraigo que obliga a determinadas exautoridades a permanecer en territorio nacional durante seis meses después de dejar sus funciones.
El vicepresidente expresó sus reparos y señaló que la norma debe cumplirse sin distinción entre autoridades y ciudadanos. Aclaró que sus observaciones no están relacionadas con la capacidad o los méritos de los designados, sino con el cumplimiento de la legislación vigente.
“Si han sido designados como embajadores, no sé cómo le van a hacer con la ley de arraigo. Están obligados como exautoridades a permanecer en territorio nacional”, manifestó.
La autoridad sostuvo que tanto Camacho como Lupo estarían obligados a permanecer seis meses en Bolivia y consideró que sus designaciones podrían vulnerar la normativa. “Creo que esa designación está violando la ley”, afirmó.
Diputados anuncian consultas legales
El diputado de Libre Leonardo Roca informó que se realizarán consultas jurídicas para determinar los pasos que correspondan.
“Legalmente vamos a hacer las consultas y vamos a proceder como manda la ley”, señaló el legislador, quien reconoció que existe una interpretación según la cual las embajadas son consideradas territorio boliviano.
Sin embargo, Roca admitió que para llegar a una sede diplomática los funcionarios deben salir previamente del territorio nacional, aspecto que deberá ser analizado jurídicamente.
Surgen críticas a Camacho
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, cuestionó la designación de Camacho como embajador en Paraguay y puso en duda su experiencia diplomática.
“¿Qué haría como embajador en Paraguay?”, cuestionó Loza, quien además lanzó críticas contra el exgobernador cruceño.
Por su parte, la senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana Crispin, calificó las designaciones como una forma de reconocimiento político y cuestionó los antecedentes de gestión de ambos exfuncionarios.
En el caso de Camacho, Crispin hizo referencia a su permanencia en el penal de Chonchocoro y cuestionó qué acciones habría desarrollado por Santa Cruz durante ese periodo.
Asimismo, observó la designación de Lupo, quien dejó el Ejecutivo semanas atrás, y puso en duda los criterios utilizados para su nombramiento como representante diplomático.
El debate ahora se centra en determinar si las nuevas funciones diplomáticas son compatibles con la ley de arraigo y si existe algún mecanismo legal que permita a los designados asumir sus cargos sin contravenir dicha normativa.
