El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, negó este lunes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya condicionado el retiro de la subvención a los combustibles y aclaró que el acuerdo con el organismo internacional contempla una serie de medidas económicas que deben ser cumplidas por el país.
“No planteé que era una condición levantar la subvención. Lo que yo decía era que para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario había que cumplir varias condiciones”, explicó Aramayo ante los medios.
Las declaraciones surgen luego de que el jueves, durante una reunión con la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), el ministro señalara que el Decreto Supremo 5676, que establece en Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores, constituía “uno de los condicionamientos” del FMI respecto a la liberación del precio de los hidrocarburos.
Ahora, Aramayo aclaró que el organismo internacional no estableció una lista específica de condiciones para el país y sostuvo que entre las medidas trabajadas para alcanzar el acuerdo están la unificación cambiaria y la estabilización del tipo de cambio, debido a que se trata de un programa que contempla aspectos monetarios y fiscales.
Asimismo, indicó que el acuerdo deberá contar con seguridad jurídica y ser aprobado mediante una ley por la Asamblea Legislativa.
Gobierno no prevé abrogar el DS 5676
Respecto al Decreto Supremo 5676, Aramayo afirmó que el Gobierno no tiene previsto abrogar la norma, aunque reconoció que existe la posibilidad de aprobar disposiciones complementarias y reglamentaciones destinadas a mejorar su aplicación.
El ministro defendió además la liberación de los precios y la libre importación de combustibles como mecanismos que permitirían garantizar el abastecimiento interno y, al mismo tiempo, reducir los incentivos para el contrabando de carburantes.
Aramayo también anunció que hasta diciembre se trabajará en un pacto energético y un diálogo con los diferentes sectores con el propósito de relanzar la industria hidrocarburífera del país.
La autoridad sostuvo que Bolivia deberá asumir decisiones complejas en el corto plazo para enfrentar la actual crisis fiscal y energética y avanzar hacia soluciones que permitan garantizar la sostenibilidad económica y el abastecimiento de combustibles.
