El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, debido a deficiencias identificadas en sus operaciones y con el objetivo de fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes.
La medida está establecida en el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre de 2026, que además crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria encargada de supervisar y realizar el seguimiento de la gestión de la petrolera estatal durante el periodo de intervención.
El plazo podrá ampliarse excepcionalmente por una sola vez hasta 90 días adicionales, mediante resolución ministerial del Ministro de Hidrocarburos, siempre que persistan las causas que motivaron la intervención. También podrá concluir antes de los 180 días si se superan las condiciones que dieron lugar a la medida.
Según el decreto, la intervención responde a las “deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes”, las cuales generarían riesgos para el interés público y la seguridad energética del país.
La norma aclara que la intervención no implica la supresión de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o estructura institucional.
Comisión estará integrada por cinco ministerios
La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria estará conformada por ministros o representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia.
Entre sus principales tareas estará priorizar las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de combustibles, además de recomendar auditorías técnicas a los procesos de importación y distribución.
Estas auditorías tendrán como finalidad identificar posibles redes de contrabando, desvío, acopio u otras irregularidades, así como establecer responsabilidades individuales del personal que pudiera estar involucrado.
La comisión también podrá recomendar la contratación o incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de apoyo, además de solicitar la colaboración de entidades estatales encargadas del control y fiscalización.
Asimismo, tendrá facultades para revisar los procesos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles, y formular recomendaciones destinadas a corregir deficiencias administrativas, técnicas, financieras, operativas y logísticas.
Podrán recomendar remoción de personal
La comisión podrá evaluar decisiones y operaciones que hayan afectado o pudieran haber afectado el abastecimiento de carburantes, la seguridad energética o los recursos del Estado.
También podrá revisar el cumplimiento de las funciones de autoridades, ejecutivos, personal administrativo, técnico y operativo de YPFB, además de recomendar la remoción de funcionarios cuando corresponda.
El decreto establece que el presidente de YPFB y todo el personal de la empresa estatal estarán obligados a proporcionar la información requerida por la comisión, dentro de los plazos y bajo las condiciones que esta determine.
El incumplimiento de esta obligación podrá generar responsabilidades administrativas y/o penales, según corresponda.
Auditorías definirán posibles responsabilidades
La comisión podrá recomendar la realización de auditorías técnico-legales, financieras, administrativas, operativas y logísticas.
En caso de que los resultados evidencien posibles responsabilidades, deberá elaborar informes en los que se detallen los hechos identificados, las personas involucradas, la documentación de respaldo y las acciones que correspondan.
Estos resultados podrán ser remitidos a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y otras autoridades competentes, cuando existan elementos que ameriten su intervención.
Finalmente, el Decreto Supremo 5697 establece que la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, debido a la política de austeridad. Los gastos que demande el funcionamiento de la comisión deberán ser cubiertos con los presupuestos institucionales de las entidades que la integran.
