El presidente Rodrigo Paz Pereira emitió el Decreto Presidencial N° 5685, publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, mediante el cual designó al coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi como comandante general de la Policía Boliviana a.i.
La misma norma establece la designación del coronel Roger Roca Saavedra como subcomandante general y jefe de Estado Mayor a.i., y del coronel Frans William Cabrera Quispe como inspector general a.i. El decreto fue firmado conjuntamente por los ministros Fernando Hugo Aramayo Carrasco y Marco Antonio Oviedo Huerta.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por el periódico digital Urgente.bo observaron que la designación de Álvarez Arismendi podría contradecir el artículo 253 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece como requisito indispensable para ejercer el cargo de comandante general de la Policía Boliviana tener el grado de General de la institución.
La norma constitucional señala que para ser designado comandante general se debe ser boliviano por nacimiento, tener el grado de General de la Policía Boliviana y cumplir los demás requisitos establecidos por ley. Según las fuentes consultadas, el término “indispensable” establece una exigencia que no podría ser modificada o exceptuada mediante una norma de menor jerarquía.
El cuestionamiento surge luego de la posesión de Álvarez Arismendi, realizada tras la renuncia del general Mirko Sokol. El acto, desarrollado en el Palacio de Gobierno, estuvo marcado por confusión, debido a que el maestro de ceremonias llegó a mencionar otro nombre al momento de presentar al nuevo comandante.
Las fuentes jurídicas también señalaron que el propio Decreto Presidencial N° 5685 reconoce en sus considerandos la exigencia establecida por el artículo 253 de la CPE. No obstante, en su artículo único dispone la designación de un coronel al frente de la institución policial.
Para sustentar la designación interina, el decreto invoca la Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, que permite cubrir acefalías de manera excepcional e interina por disposición presidencial.
De acuerdo con las fuentes jurídicas citadas, esa disposición transitoria no podría habilitar una excepción a un requisito establecido expresamente por la Constitución. Recordaron que el artículo 410, parágrafo II, de la CPE establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y tiene primacía frente a cualquier otra disposición normativa.
Otro de los argumentos expuestos está relacionado con el mecanismo de ascenso al grado de General. La Constitución establece, en su artículo 160 numeral 8, que corresponde a la Cámara de Senadores ratificar los ascensos a General de la Policía Boliviana.
Según las fuentes consultadas, este procedimiento representa un mecanismo de control y equilibrio entre los órganos del Estado. Por ello, consideran que el requisito de ostentar el grado de General para ejercer el mando de la Policía no sería únicamente una condición relacionada con el escalafón institucional, sino también una garantía constitucional de pesos y contrapesos.
En ese marco, la designación de un coronel como comandante general interino abre un debate jurídico sobre la compatibilidad del Decreto Presidencial N° 5685 con las disposiciones de la Constitución Política del Estado.
