La Paz.– El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, advirtió que más del 80% de la actividad minera en Bolivia sería ilegal y planteó la aplicación de medidas administrativas para agilizar la regularización de derechos mineros y licencias ambientales.
Según Sanabria, una de las principales causas que empuja a los operadores hacia la informalidad es la excesiva demora de los trámites para acceder legalmente a un área minera.
“Esos trámites para obtener derechos mineros o obtener licencia ambiental para dedicarse a una minería legal tardan pues 10 años, 15 años”, afirmó el funcionario.
plantea reducir la burocracia
Sanabria cuestionó que los procedimientos administrativos puedan extenderse durante una década o más y comparó la situación con otros países, donde aseguró que la asignación de un área minera puede concretarse en tiempos considerablemente menores.
“Es una verdadera locura cuando estos trámites en países vecinos o en otros países, como en Canadá, tardan 30 minutos en obtener un área minera. Imagínese en Bolivia 10, 15 años”, sostuvo.
Ante esta situación, el director de la AJAM consideró que la lucha contra la minería ilegal no debe concentrarse únicamente en operativos de interdicción o medidas represivas.
A su criterio, también es necesario regularizar los derechos mineros y acelerar los procedimientos administrativos, de manera que los operadores puedan ingresar al marco legal.
“Hay que adoptar medidas administrativas para regularizar todos estos derechos, para normalizarlos y que toda esta gente entre a la formalidad”, manifestó.
minería ilegal no se limita al oro
El director de la AJAM explicó que la problemática no se concentra exclusivamente en la explotación aurífera del norte de La Paz y los ríos de la Amazonía.
También identificó actividades mineras ilegales vinculadas a la minería tradicional, principalmente en Potosí, además de casos detectados en Chuquisaca, Tarija y Oruro.
Sanabria señaló que durante diferentes intervenciones se encontraron operaciones que, por sus características, no corresponderían a actividades de pequeña escala o exclusivamente artesanales.
Según la autoridad, en algunos lugares se halló maquinaria moderna, instalaciones, campamentos y equipos, con inversiones que en determinados casos superarían los 5 millones de dólares.
“está muy bien organizada”
Sanabria afirmó que la minería ilegal cuenta con estructuras organizadas y recursos suficientes para desarrollar operaciones de gran magnitud.
“La minería ilegal está muy bien organizada, muy bien estructurada y además goza de la protección de la misma sociedad”, sostuvo.
El funcionario agregó que durante las intervenciones también se identificaron casos de complicidad, encubrimiento o participación de comunidades, cuyos integrantes recibirían determinados porcentajes a cambio de permitir o respaldar estas actividades.
ajam plantea una respuesta integral
Para Sanabria, la dimensión del problema exige una respuesta que combine controles, fiscalización, interdicción y, principalmente, mecanismos que permitan a los operadores regularizar su situación.
Consideró que facilitar el acceso a derechos mineros y reducir los tiempos administrativos podría contribuir a disminuir la cantidad de actividades que actualmente operan al margen de la normativa.
El director de la AJAM sostuvo que la minería representa además una oportunidad para generar recursos económicos para el país, pero advirtió que primero se debe enfrentar de manera seria el problema de la ilegalidad.
“La minería puede solucionar esos problemas, pero tenemos que afrontar este problema de manera seria y contundente”, afirmó.
La propuesta apunta a una reforma de los procedimientos administrativos del sector minero, mientras las autoridades buscan establecer mayores mecanismos de control sobre las operaciones ilegales y promover la incorporación de los operadores a la formalidad.
