La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga afirmó que está dispuesta a responder por sus actos en el marco de los procesos iniciados durante el gobierno de Luis Arce y se desmarcó del caso que involucra a Fernando Cerimedo.
La declaración surge después de que en redes sociales circularan publicaciones que intentan vincularla con el investigado debido a que su exesposo, el abogado Ramiro Vega, asumió la defensa legal de Cerimedo.
“Estoy dispuesta a responder por cada uno de mis actos. Lo hice como periodista. Lo hice como ministra. Y lo haré hoy como ciudadana”, sostuvo Lizárraga.
La exministra aseguró que no tiene ni tuvo relación profesional, económica o política con Cerimedo ni con Nadia Beller.
Asimismo, explicó que fue ella quien pidió a Vega apartarse de la defensa de Cerimedo, luego de conversar con una persona que tendría conocimiento de los hechos. Según Lizárraga, esa conversación le permitió considerar que el caso era “mucho más complejo y potencialmente peligroso” de lo que inicialmente parecía.
Denuncia campaña de desprestigio
Lizárraga también denunció una presunta campaña de desprestigio en su contra y cuestionó la difusión sesgada de información relacionada con procesos iniciados durante gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Afirmó que conservará publicaciones, mensajes y otros elementos con el objetivo de identificar a los responsables de la campaña que, según dijo, busca afectar su imagen pública.
Como antecedente, en 2024 fue sentenciada por la justicia boliviana en un proceso relacionado con movimientos bancarios registrados entre 2019 y 2020. En aquella oportunidad, la exministra cuestionó el proceso, aseguró contar con documentación para respaldar sus recursos y denunció una supuesta persecución política.
“Yo también quiero regresar a Bolivia. Y quiero regresar con mi nombre limpio”, manifestó.
Finalmente, Lizárraga pidió al Gobierno y a las instituciones correspondientes que las causas abiertas durante los años de “instrumentalización política de la justicia” sean revisadas con independencia, garantías y respeto al debido proceso.
