El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció este miércoles ante el Ministerio Público un presunto daño económico superior a Bs 200 millones ocasionado por la empresa pública Yacana, creada con el objetivo de impulsar la industrialización y comercialización del complejo productivo de camélidos.
La autoridad informó que la denuncia identifica preliminarmente a cinco presuntos implicados y señaló que no se descarta convocar a exautoridades ministeriales para establecer posibles responsabilidades dentro del proyecto.
García explicó que Yacana recibió financiamiento a través de un fideicomiso del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) destinado a la construcción e implementación de una planta ubicada en Cayutaca, municipio de Laja, en el departamento de La Paz.
“Esta es una nueva denuncia que estamos presentando ante el Ministerio Público contra la empresa pública Yacana. Esta genera un daño económico superior a los 200 millones de bolivianos de recursos públicos”, afirmó durante una conferencia de prensa.
Denuncian irregularidades en la compra de maquinaria
Entre las principales observaciones identificadas se encuentra la adquisición de maquinaria. Según García, el contrato inicial establecía que los equipos debían ser de origen y fabricación 100% europea. Sin embargo, la investigación señala que el 86% de las máquinas adquiridas son de origen y fabricación china.
También se habría adquirido equipamiento que no era adecuado para el procesamiento de fibra de camélidos en Bolivia, además de registrarse un funcionamiento deficiente de la planta en relación con el presupuesto destinado al proyecto y la infraestructura construida.
El viceministro señaló que entre los equipos adquiridos se encontraba una máquina descerdadora diseñada para procesar pelo corto de camello y no fibra de llama.
Además, indicó que el contrato contemplaba la entrega de 216 máquinas, pero solo se habrían recibido 90. De ese grupo, 26 equipos que fueron pagados no habrían sido encontrados, mientras que otras 20 máquinas que sí existen nunca llegaron a funcionar.
“Se recibió una máquina descerdadora para procesar pelo corto de camello, no de llama. Existe una diferencia. Además, tenían que entregar 216 máquinas en total y solo habían 90. 26 máquinas recibidas y pagadas no existen y de las 90 máquinas que sí existen, 20 jamás funcionaron”, denunció.
Fibra almacenada se habría deteriorado
Otra de las irregularidades señaladas está relacionada con la adquisición de materia prima. Según García, en 2018 Yacana compró fibra por un valor superior a Bs 4 millones, pese a que la planta no contaba con la capacidad necesaria para almacenar ese volumen.
El almacenamiento inadecuado habría provocado el deterioro de parte de la materia prima debido a la humedad y la presencia de hongos, polvo y polillas.
“A causa de humedad excesiva, hongos, polvo, polillas, se han devaluado estos bienes, se han perdido sus propiedades, por lo que este capital también ingresó a pérdida”, explicó.
Planta habría operado al 7% de su capacidad
García sostuvo que las observaciones identificadas muestran presunto daño económico desde la concepción y ejecución del proyecto. De acuerdo con informes citados por la autoridad, la planta habría tenido un nivel de funcionamiento considerablemente inferior a su capacidad instalada.
“Observamos daño económico desde la concepción y ejecución del proyecto. Datos respaldados en informes hacen referencia que esta descerdadora de pelo de camello jamás funcionó y provocó que esta empresa entre en el colapso operativo crónico”, manifestó.
Según la denuncia, la planta habría operado únicamente al 7% de su capacidad, mientras que más del 90% de su capacidad habría permanecido sin utilización.
Denuncia contra cinco personas
La denuncia presentada ante el Ministerio Público identifica inicialmente a dos exejecutivos de Yacana, uno de ellos vinculado con la etapa de inicio del proyecto y otro que posteriormente asumió la gerencia general. A ellos se suman tres ingenieros, contra quienes también se plantean posibles responsabilidades.
Los delitos denunciados son conducta antieconómica, contrato lesivo al Estado e incumplimiento de deberes.
García solicitó al Ministerio Público activar los mecanismos procesales correspondientes para garantizar la presencia de los investigados durante el proceso y pidió que se considere la anotación de sus bienes y cuentas con el objetivo de posibilitar la recuperación de los recursos públicos que, según la denuncia, habrían sido afectados.
Finalmente, el viceministro de Transparencia no descartó que exautoridades ministeriales sean convocadas y eventualmente incluidas en la investigación si se encuentran elementos que establezcan responsabilidades.
