La Fiscalía imputó formalmente a Jean Carla Terrazas Cortez, Alejandro André Chileno Terrazas y a la notaria de Fe Pública N.º 148, Merlín Zenteno Gonzales, por presunta falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en perjuicio de Cirilo Fernández Lozada. La investigación sostiene que el adulto mayor habría sido incorporado sin su consentimiento como socio de TAPEKE S.R.L. mediante documentos en los que su firma y huella no le corresponderían.
Lo que comenzó como un trámite rutinario para cobrar la Renta Dignidad terminó revelando, según la investigación fiscal, una presunta trama de falsificación documental y manipulación societaria que habría convertido a un jubilado en socio de una empresa sin que él lo supiera.
La víctima, Cirilo Fernández Lozada, descubrió el 5 de agosto de 2025 que su beneficio se encontraba bloqueado cuando acudió al Banco Unión para realizar el cobro. La explicación que recibió fue inesperada: en los registros figuraba como socio con una participación del 50% en TAPEKE S.R.L.
Fernández Lozada negó haber constituido la sociedad, haber adquirido acciones o haber autorizado el uso de sus documentos personales. La revisión posterior de la documentación habría permitido detectar que su cédula, firma y huella dactilar fueron utilizadas en instrumentos notariales vinculados a la sociedad.
UNA SOCIEDAD QUE EL JUBILADO ASEGURA NUNCA HABER INTEGRADO
De acuerdo con la imputación fiscal, uno de los documentos centrales de la investigación es el Testimonio N.º 390/2025, de fecha 24 de junio de 2025, mediante el cual se habría formalizado la operación que terminó registrando al adulto mayor como titular del 50% de TAPEKE S.R.L.
La investigación también menciona otros instrumentos notariales, entre ellos los Testimonios N.º 370/2025, 372/2025 y 794/2025, además de documentos privados relacionados con las operaciones societarias cuestionadas.
Según la hipótesis del Ministerio Público, posteriormente se habría producido un segundo episodio. El adulto mayor habría sido llevado nuevamente a la notaría bajo el argumento de que debía firmar documentación para solucionar el bloqueo de su Renta Dignidad. La Fiscalía sostiene que terminó suscribiendo un documento relacionado con la transferencia de unas acciones que, según su denuncia, nunca adquirió ni recibió.
UNA PERICIA PONE BAJO LA LUPA LAS FIRMAS Y HUELLAS
Uno de los principales elementos de convicción incorporados a la investigación es el Dictamen Pericial del IITCUP N.º 7031242, de fecha 1 de septiembre de 2026.
De acuerdo con la documentación fiscal proporcionada para este caso, el análisis grafotécnico concluyó que las firmas atribuidas a Fernández Lozada en los documentos cuestionados no presentan correspondencia gráfica con las firmas indubitadas del adulto mayor.
La pericia dactiloscópica, según la imputación, también determinó que las impresiones digitales atribuidas a Fernández Lozada no corresponden a su pulgar derecho.
Estos elementos constituyen, para el Ministerio Público, indicios relevantes de una presunta suplantación documental.
LA NOTARIA TAMBIÉN FUE IMPUTADA
La investigación alcanza a Merlín Zenteno Gonzales, titular de la Notaría de Fe Pública N.º 148 de Santa Cruz.
La imputación sostiene que la notaria habría intervenido en la autorización de los instrumentos cuestionados pese a que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, las firmas y huellas estampadas en ellos no pertenecían al supuesto compareciente.
La existencia y actividad de la Notaría N.º 148 a cargo de Zenteno Gonzales también aparece documentada en registros públicos y publicaciones judiciales anteriores.
La responsabilidad penal de la notaria, sin embargo, deberá ser determinada dentro del proceso y no puede considerarse establecida únicamente por la imputación.
LOS OTROS DOS IMPUTADOS
La Fiscalía atribuye participación principal a Jean Carla Terrazas Cortez y Alejandro André Chileno Terrazas, quienes aparecen vinculados a la estructura empresarial relacionada con el caso.
En particular, documentación pública de 2026 identifica a Alejandro André Chileno Terrazas como representante legal de TAPEKE S.R.L., con NIT 436653029. Una resolución administrativa de la Autoridad de Fiscalización del Juego registra incluso un proceso sancionador contra TAPEKE S.R.L. y señala a Chileno Terrazas como su representante legal.
Además, documentación comercial publicada por Terreno Urbanizaciones identifica cuentas bancarias a nombre de Alejandro André Chileno Terrazas vinculadas a operaciones de la empresa.
Por su parte, el SENAPI registra a Alejandro André Chileno Terrazas como titular de la marca Tapeke, solicitada en 2022.
Estos registros acreditan vínculos empresariales con el nombre TAPEKE, pero por sí solos no prueban la participación de los involucrados en las falsificaciones denunciadas. Esa conexión es precisamente uno de los aspectos que deberá establecer la investigación penal.
FISCALÍA PIDE DETENCIÓN PREVENTIVA
A partir de los elementos reunidos, el Ministerio Público formalizó imputación por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos en los artículos 198, 199 y 203 del Código Penal.
Para Jean Carla Terrazas Cortez y Alejandro André Chileno Terrazas, la Fiscalía solicitó la aplicación de detención preventiva, argumentando la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización.
Entre los argumentos fiscales se mencionan inconsistencias relacionadas con domicilios, dificultades para verificar información vinculada a las actividades empresariales y supuestas conductas que podrían dificultar la investigación.
La situación jurídica de los imputados deberá ser definida por la autoridad jurisdiccional en la audiencia de medidas cautelares.
UN CASO QUE DEJA UNA PREGUNTA DE FONDO
Más allá de la disputa empresarial, el caso plantea una interrogante particularmente delicada: ¿cómo pudo una persona que asegura nunca haber integrado una sociedad aparecer registrada con el 50% de participación y terminar con su Renta Dignidad bloqueada?
La respuesta dependerá de lo que establezca el proceso penal. Por ahora, la Fiscalía sostiene que existen elementos de convicción que apuntan a la utilización de documentos con firmas y huellas que no corresponderían al adulto mayor.
La investigación deberá establecer quién elaboró los documentos, quién los presentó, quién se benefició de la operación societaria y cuál fue exactamente el papel que desempeñó cada uno de los tres imputados.
Mientras tanto, Cirilo Fernández Lozada enfrenta un proceso que comenzó cuando intentó cobrar un beneficio destinado precisamente a garantizar ingresos a las personas adultas mayores y terminó descubriendo que, en los registros empresariales, figuraba como socio de una empresa que asegura jamás haber integrado.
