El Gobierno denunció este viernes la circulación de versiones sobre una supuesta compra de votos de asambleístas con dinero proveniente del narcotráfico, en vísperas de la sesión de la Asamblea Legislativa convocada para abordar la situación del Ministerio Público tras la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca.
El vocero presidencial, José Luis Galvez, afirmó que la elección del fiscal general en la anterior gestión habría estado vinculada, según “rumores y la información” que recibió el Ejecutivo, con supuestos sobornos a algunos asambleístas. Añadió que desde el miércoles se difundieron versiones sobre un supuesto intento de influir en la votación para mantener el actual esquema institucional.
Galvez relacionó estas versiones con la denuncia del Gobierno sobre una presunta penetración del narcotráfico en instituciones públicas y pidió a diputados y senadores adoptar decisiones orientadas a una “reconstrucción” del Ministerio Público y de la justicia.
La posición del Ejecutivo es que la Asamblea no debería concentrar el debate únicamente en aspectos procedimentales, sino considerar una decisión que permita apartar temporalmente de sus cargos al fiscal general y a otras autoridades cuestionadas, mientras se desarrollan los mecanismos legales correspondientes y se define la designación transitoria de nuevas autoridades.
“Lo que hoy esperamos los bolivianos (…) no debería ser un debate sobre los procedimientos, sino una decisión a favor del pueblo que permita apartar al fiscal general y las autoridades que están en cuestión de su cargo de manera temporal”, señaló Galvez.
El vocero presidencial calificó la sesión de “histórica” y sostuvo que los asambleístas deberán definir si respaldan una transformación de la justicia o mantienen la situación actual. También exhortó al Legislativo a sumarse a la estrategia internacional contra el crimen organizado que, según dijo, Bolivia encara como parte del denominado “Escudo de las Américas”.
Las versiones sobre la presunta compra de votos fueron presentadas por el Ejecutivo como rumores, sin que en las declaraciones difundidas se expusieran pruebas que permitan verificar de manera independiente esas acusaciones.
La sesión legislativa se desarrollará este viernes 2 de octubre en medio de la controversia por la situación del fiscal general y el futuro de las autoridades del Ministerio Público. El Gobierno sostiene que la Asamblea debe ofrecer certezas sobre el funcionamiento de la Fiscalía y la justicia, mientras que la definición de nuevas autoridades deberá seguir los mecanismos establecidos por ley.
