La diputada de Libre Lissa Claros propuso modificar la Ley 260 del Ministerio Público para crear la figura de un “Fiscal Interventor”, que sería designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con una votación de más de dos tercios, ante la situación jurídica del fiscal general Roger Mariaca.
Según la propuesta, el Fiscal Interventor asumiría temporalmente la conducción del Ministerio Público durante un periodo de hasta 90 días, mientras se desarrolla el proceso para una nueva elección del fiscal general.
“Si hay consenso podemos avanzar por esta vía, de tener un fiscal interventor de manera independiente que sea designado también por la Asamblea Legislativa por más de dos tercios”, explicó Claros.
La legisladora señaló que, para aplicar esta figura, primero sería necesario modificar la Ley 260 y establecer legalmente las atribuciones y condiciones bajo las cuales podría asumir funciones dentro del Ministerio Público.
Claros sostuvo que, de acuerdo con la interpretación que realiza de la Constitución, ante la ausencia de un fiscal general se debería activar una convocatoria para una nueva elección en un plazo de 90 días, periodo durante el cual podría ejercer funciones el Fiscal Interventor.
Sin embargo, aclaró que antes de avanzar con esta alternativa se debe determinar la situación jurídica de Roger Mariaca y establecer si su separación del cargo será definitiva o temporal.
“Se trataría de una figura más neutra, una figura que tendría que exigir una modificación de la Ley 260 para tener un ente neutro que pueda dar un direccionamiento en este momento al Ministerio Público”, afirmó la diputada.
La propuesta deberá ser analizada por la Asamblea Legislativa y, de prosperar, implicaría una modificación al marco legal que regula la organización y funcionamiento del Ministerio Público.
