El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó este viernes ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un informe preliminar sobre las actuaciones policiales y fiscales realizadas en el marco de la investigación que involucra al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otras personas.
Según el reporte expuesto por la autoridad, el operativo derivó en la aprehensión de 14 personas. Entre ellas se encuentran Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores; el fiscal Martín Irusta Flores y el mayor de Policía Rubén Aparicio Villarroel.
Oviedo explicó que Rubén Aparicio fue aprehendido el 30 de septiembre en La Paz, mientras que Mariaca y Zeballos fueron capturados entre la noche de esa jornada y la madrugada del 1 de octubre en el aeropuerto Viru Viru. En Sucre también fue aprehendido Irusta, dentro de las actuaciones desarrolladas por la Policía.
El ministro aclaró que existe una diferencia entre las 14 aprehensiones comunicadas durante el operativo global y la imputación formal presentada el 2 de octubre. Esta última contempla actualmente a cuatro personas: Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio y Martín Irusta, acusados provisionalmente por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, con solicitud de detención preventiva.
Otro de los elementos expuestos ante los legisladores fue el hallazgo de dinero en una ambulancia que, según el informe presentado, habría salido del domicilio de Mariaca en Santa Cruz. El fiscal Daniel Ortuño reportó el secuestro de Bs 3.532.100 y $us 10.000.
Oviedo señaló que la procedencia, propiedad, motivo del traslado y eventual relación de esos recursos con los delitos investigados todavía deben ser establecidos dentro del proceso.
El informe también incorporó antecedentes relacionados con Sebastián Marset y material audiovisual difundido recientemente, en el que el narcotraficante menciona a Mariaca y a otras personas. La autoridad señaló que estos elementos deben ser sometidos a verificación para establecer su contexto y eventual valor probatorio.
El ministro remarcó ante la Asamblea que la investigación continúa y que las actuaciones de inteligencia y de la Policía Boliviana permanecen activas. Asimismo, sostuvo que la situación jurídica de las personas aprehendidas que no fueron incluidas en la imputación formal deberá definirse de manera individual.
Finalmente, el informe plantea que cualquier controversia relacionada con las competencias institucionales debe resolverse por las vías legales correspondientes y que la continuidad e independencia funcional del Ministerio Público deben ser preservadas.
La sesión de la ALP fue convocada precisamente para conocer los informes oficiales sobre la aprehensión de Mariaca y analizar las acciones institucionales y de fiscalización que correspondan.
