El Gobierno reconocerá este lunes a José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino durante un acto previsto en el Palacio Quemado, en medio de la controversia generada por la decisión del vicepresidente Edmand Lara de poner en duda su posesión.
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), legisladores sostienen que Urioste ya ejerce el cargo tras haber sido elegido por más de dos tercios de los votos en el Legislativo, por lo que consideran que el acto de posesión o reconocimiento por parte del Ejecutivo constituye únicamente una formalidad.
El diputado de Unidad Alejandro Reyes afirmó que la designación de Urioste cuenta con el respaldo de la Asamblea y advirtió que Lara debe reconocer la decisión adoptada por el Legislativo.
“Ya hay una ley aprobada, ya se lo ha elegido por más de dos tercios, es una formalidad la posesión, él ya está. Tiene el respaldo de la Asamblea Legislativa”, manifestó Reyes.
El legislador sostuvo además que el vicepresidente no debería desconocer la decisión de la ALP y lo convocó a reflexionar sobre su posición.
“Quien no puede ir en contra de la ALP es Edmand Lara porque estaría incumpliendo. Lo llamamos a la reflexión, tiene el respaldo y legitimidad, pero es una mera formalidad”, agregó.
Por su parte, el senador de Libre José Manuel Ormachea expresó su respaldo a Urioste como fiscal general interino y planteó incluso la posibilidad de que pueda ser considerado en una futura elección para ocupar el cargo de manera titular.
Lara cuestionó el procedimiento
La controversia surgió después de que el vicepresidente Edmand Lara señalara que no procederá con la posesión de Urioste mientras no tenga certeza sobre la legalidad del procedimiento utilizado para su elección en la Asamblea Legislativa.
Lara anunció que solicitará una consulta jurídica antes de asumir una decisión definitiva sobre la posesión, mientras sectores legislativos sostienen que la elección realizada por la ALP ya habilita a Urioste para ejercer como fiscal general interino.
El acto previsto para este lunes en el Palacio Quemado marcará el siguiente paso en la disputa institucional, mientras continúan los cuestionamientos sobre el procedimiento mediante el cual fue designada la nueva autoridad del Ministerio Público.
