El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5749, que establece un mecanismo para recibir denuncias por presuntos cobros ilegales, extorsiones y exigencias de dinero o favores por parte de jueces, fiscales, magistrados, policías y funcionarios de Derechos Reales.
La norma, firmada el 13 de octubre, busca facilitar las denuncias contra servidores públicos que presuntamente soliciten pagos para acelerar, paralizar, retrasar o manipular procesos judiciales y trámites administrativos.
¿Dónde se podrán presentar las denuncias?
De acuerdo con las disposiciones del decreto, las personas podrán acudir a las oficinas centrales o a los enlaces departamentales del Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia. También se prevé habilitar una plataforma digital para recibir los reportes.
El Gobierno tiene un plazo de cinco días hábiles, computables desde la publicación de la norma, para difundir la ubicación de las oficinas habilitadas y las direcciones de acceso al sistema digital.
La identidad de los denunciantes podrá mantenerse en reserva
Uno de los aspectos centrales de la medida es la posibilidad de proteger la identidad de quienes presenten denuncias. Esta reserva podrá solicitarse expresamente o aplicarse de oficio, conforme a la normativa vigente.
Cuando se disponga la protección, los datos personales del denunciante serán reemplazados por un código confidencial, mientras que la información quedará bajo custodia del Viceministerio de Transparencia.
Sin embargo, la protección no necesariamente será permanente. Si el caso pasa a la vía penal, la continuidad de la reserva dependerá de las medidas que adopten las autoridades competentes.
¿Qué hará el Viceministerio de Transparencia?
La instancia gubernamental podrá registrar las denuncias, realizar el seguimiento de los casos y derivarlos a las autoridades disciplinarias correspondientes. Asimismo, podrá remitir antecedentes al Ministerio Público cuando existan elementos que justifiquen una investigación penal.
En los casos permitidos por ley, también podrá intervenir como coadyuvante o querellante para contribuir al desarrollo de los procesos.
No obstante, el decreto establece límites a la actuación del Ejecutivo: el mecanismo no lo autoriza a revisar decisiones judiciales, suspender plazos procesales ni interferir en las atribuciones de las instituciones denunciadas.
La medida se plantea en un contexto de cuestionamientos e investigaciones por presuntos hechos de corrupción dentro del sistema judicial. Su aplicación pondrá a prueba la capacidad del Estado para ofrecer canales accesibles y seguros de denuncia, resguardar a quienes aporten información y lograr resultados verificables frente a los cobros ilegales.
