La familia propietaria de un inmueble ubicado en la calle Potosí, junto a la Fiscalía de La Paz, denunció presuntas irregularidades en una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. Según su versión, el proceso habría sido utilizado para presionarla económicamente e incluso intentar apropiarse de su propiedad.
El caso involucra al fiscal Omar C. M., a los entonces investigadores policiales teniente Luis M. C. S. y subteniente Yesenia M. C. P., además de un fiscal coordinador identificado como Armando R., a quien una de las denunciantes atribuye un supuesto pedido de $us 30.000 a cambio de ayudar a resolver el proceso.
De acuerdo con la denuncia, en apenas tres días se elaboraron informes policiales, se dio curso a la investigación y se ejecutaron medidas que incluyeron el allanamiento del inmueble, el congelamiento de cuentas bancarias y la anotación preventiva de bienes.
La familia sostiene que el procedimiento estuvo marcado por una serie de irregularidades. Sin embargo, la defensa de los policías sindicados rechazó que sus patrocinados sean responsables y afirmó que actuaron bajo las directrices del Ministerio Público.
Una denuncia anónima dio origen al proceso
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que cuestionaba la forma en que la familia obtuvo el inmueble, bajo el argumento de que se habría aprovechado de la vulnerabilidad de su anterior propietaria, Olga Fujita, una mujer de origen japonés.
No obstante, los afectados presentaron documentación según la cual Fujita transfirió voluntariamente la propiedad mediante un testamento abierto en 2014, en presencia de al menos seis testigos. El documento habría beneficiado a Marcelina Condori y a su hijo mayor, Roberto Condori, en reconocimiento al cuidado y acompañamiento que le brindaron durante años.
Fujita falleció el 16 de agosto de 2018, a los 83 años. Su certificado médico de defunción señala como causas de muerte un paro cardiorrespiratorio, neumonía por broncoaspiración y otras complicaciones médicas.
La familia también cuestionó que la denuncia anónima no tuviera sello de recepción, rúbrica ni hoja de ruta que acreditara su ingreso regular. Además, señaló que uno de los documentos adjuntos, un supuesto contrato de alquiler, no contaba con firmas y no guardaba relación directa con las acusaciones.
Cuestionan el informe policial y la designación del fiscal
Según los antecedentes expuestos por los afectados, el 3 de junio de 2026, la subteniente Yesenia M. C. P. elaboró un informe para solicitar la apertura de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas contra seis personas, incluida una fallecida.
La familia cuestionó que se impulsara el caso sin indicios suficientes y observó que, tratándose de un delito de esa naturaleza, debían existir elementos que permitieran establecer la posible procedencia ilícita de las ganancias investigadas.
También denunció una presunta manipulación informática en el acceso a datos personales del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), debido a que, según su versión, no existía un número de caso registrado que respaldara la consulta. Asimismo, identificó inconsistencias en los números de cédula consignados en el informe.
Una fuente del Ministerio Público citada en la denuncia cuestionó el procedimiento. En contraste, la abogada de los policías sostuvo que la subteniente estaba facultada para acceder a los datos mediante los convenios institucionales correspondientes.
Otro aspecto observado fue la asignación del caso. Aunque la investigación fue sorteada inicialmente al fiscal Miguel Cardozo, los afectados sostienen que posteriormente pasó al despacho del fiscal Omar C. M., quien dio curso a las actuaciones investigativas.
Allanamiento con unos 20 uniformados
El 15 de junio, los investigadores solicitaron autorización para allanar el inmueble, efectuar registros, secuestrar documentos y otros objetos, e incluso realizar aprehensiones si correspondía.
Al día siguiente, el fiscal Omar C. M. presentó el requerimiento ante la autoridad judicial y obtuvo el mandamiento de allanamiento. Sin embargo, según la denuncia, el documento consignaba que el procedimiento se realizaba a instancia de la Aduana Nacional, agencia La Paz, y contenía datos que no correspondían a las personas contra quienes se dirigía la intervención.
Pese a ello, el allanamiento se ejecutó el 16 de junio con la participación del fiscal, los dos investigadores y aproximadamente 20 uniformados, según el relato de Marcelina Condori.
La mujer afirmó que en el inmueble se encontraban cuatro personas, entre ellas una bebé de dos años y una persona recién operada. También denunció que no se convocó a las instituciones que, a su juicio, debían intervenir para precautelar los derechos de los presentes.
Durante el operativo, la familia reportó el secuestro de maletas con documentos, computadoras, teléfonos celulares, escrituras del inmueble y el testamento original de Olga Fujita. También denunció la desaparición de Bs 5.000 que estaban destinados al tratamiento de diabetes de Roberto Condori.
Gabriela Quispe, hija de Marcelina, sostuvo además que los uniformados precintaron ambientes que no habían sido inspeccionados. En uno de ellos permanecía la niña de dos años, por lo que, según su relato, una oficial tuvo que romper un vidrio y retirar el precinto para rescatarla.
Denuncian supuesto pedido de $us 30.000
Un día después del allanamiento, el Ministerio Público solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias y la anotación preventiva de los bienes de la familia.
Ante esa situación, Gabriela Quispe buscó apoyo institucional y posteriormente se reunió con el fiscal coordinador Armando R., según su testimonio.
La denunciante afirmó que, durante ese encuentro, el funcionario le manifestó que el caso era complicado y que podía ayudarla después de hablar con el fiscal encargado de la investigación, a cambio de un pago de $us 30.000.
Quispe aseguró que rechazó esa propuesta y decidió continuar con la defensa de su familia. También sostuvo que, durante el allanamiento, el fiscal Omar C. M. le habría advertido que podía incautar el inmueble.
Se solicitó la contraparte del fiscal coordinador a través del área de comunicación del Ministerio Público, pero, según el material proporcionado, no se obtuvo respuesta.
Un juez dispuso que el proceso vuelva a foja cero
Ante las presuntas irregularidades, la familia presentó un incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juzgado Séptimo de Instrucción Penal Anticorrupción.
La autoridad judicial declaró fundado el recurso en parte y dispuso que el Ministerio Público, en un plazo de 24 horas, fundamentara la vinculación entre el delito de legitimación de ganancias ilícitas investigado y el supuesto delito del que habrían provenido las ganancias.
La decisión representó un revés para el proceso, aunque no equivale por sí sola a una declaración definitiva de inocencia ni a una condena contra los funcionarios denunciados.
La defensa de los policías anuncia una querella
La abogada de los dos policías sindicados deslindó la responsabilidad de sus defendidos y sostuvo que ambos actuaron siguiendo las directrices del Ministerio Público.
Sobre la denuncia anónima, afirmó que la subteniente tenía la obligación de ponerla en conocimiento de las autoridades y que los elementos probatorios debían recabarse durante el desarrollo de la investigación.
La jurista también cuestionó que el caso se encuentre paralizado y anunció que presentará una querella penal contra la familia denunciante. Argumentó que sus patrocinados también resultaron perjudicados, incluso en sus carreras profesionales, tras ser apartados de la investigación a raíz de las acusaciones.
Mientras tanto, la familia mantiene sus denuncias y expresa temor a que el proceso sea reactivado. El caso reúne acusaciones de presuntas irregularidades procesales y un supuesto pedido de dinero que deberán ser esclarecidas por las instancias competentes.
