El exministro de Defensa, Reimy Ferreira, afirmó que habría existido un supuesto “sabotaje” al funcionamiento de los radares en Bolivia y sostuvo que existirían intereses vinculados al narcotráfico que buscarían mantener al país como un corredor para el transporte de drogas hacia otras naciones de la región.
Las declaraciones surgen después de que el Gobierno denunciara a Ferreira y a otros tres exministros por un presunto daño económico relacionado con el proyecto de radares, cuya implementación presentó problemas pese a la inversión realizada y a las ampliaciones de los plazos establecidos.
A través de sus redes sociales, Ferreira sostuvo que el supuesto sabotaje no provendría de las máximas autoridades del Estado, sino de “círculos medios” que, según afirmó, estarían interesados en impedir que Bolivia ejerza un control efectivo de su espacio aéreo.
En una entrevista con, el exministro señaló que, durante la etapa de planificación del proyecto, entre 2015 y 2016, enfrentó dificultades para avanzar con su implementación. Según relató, la administración aeroportuaria habría obstaculizado el trabajo en sus instalaciones, mientras que algunos ministerios cuestionaban la necesidad de adquirir los equipos.
“Lo que pasa es que el tema del corredor que es Bolivia, es el único punto ciego en Sudamérica, por si acaso. Es un corredor muy lucrativo”, manifestó Ferreira en el programa La Tarde en Directo, al referirse a las presuntas rutas utilizadas para trasladar droga desde países como Colombia, Ecuador y Perú hacia Brasil, Argentina y Paraguay.
El exministro aseguró que la falta de cooperación durante la ejecución del proyecto le generó sospechas sobre la existencia de intereses que podrían verse afectados por la puesta en funcionamiento de los radares. En ese sentido, pidió analizar quiénes se beneficiarían o perjudicarían con el control del espacio aéreo.
Ferreira también lamentó que el proyecto haya sido objeto de cuestionamientos políticos y afirmó que, desde el inicio, habría enfrentado resistencia de distintos sectores. No obstante, sus declaraciones sobre un presunto sabotaje y su relación con intereses del narcotráfico constituyen afirmaciones del exministro que deberán ser respaldadas mediante pruebas.
Por su parte, el Gobierno denunció un presunto daño económico superior a los mil millones de bolivianos por las irregularidades que atribuye al proyecto. Según los datos expuestos por las autoridades, de los 11 radares instalados, dos funcionaban sin observaciones, nueve presentaban observaciones y dos no estaban operativos.
El caso abre nuevamente el debate sobre la ejecución de la inversión pública destinada al control del espacio aéreo, las responsabilidades por las fallas detectadas y la capacidad del Estado boliviano para vigilar posibles rutas aéreas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.
