Elöd Tóásó y Mario Tadic, sobrevivientes del operativo policial ejecutado en 2009 en el Hotel Las Américas, denunciaron que el Estado boliviano mantiene una postura dilatoria en la investigación de los hechos y cuestionaron la falta de avances para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Ambos expresaron su preocupación mediante un comunicado firmado desde Hungría y Croacia, respectivamente, en el que señalaron que, pese a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las vulneraciones sufridas, hasta la fecha no se habría cumplido con la obligación estatal de investigar de oficio lo ocurrido.
Según su versión, el proceso penal se habría iniciado a partir de una denuncia privada, a la que posteriormente se adhirieron las autoridades estatales, en lugar de impulsar directamente una investigación por parte del Estado.
Entre los aspectos que cuestionaron se encuentra la inspección realizada en el Hotel Las Américas, que tuvo lugar 17 años después del operativo policial. Consideraron que el tiempo transcurrido dificulta el esclarecimiento de los hechos, debido a los cambios registrados en la propiedad, el personal y la infraestructura del establecimiento.
“En nuestra opinión el Estado mantiene su postura dilatoria con respecto al caso”, señala el comunicado difundido por ambos sobrevivientes.
Asimismo, Tóásó y Tadic cuestionaron el papel de la Procuraduría General del Estado, al considerar que mantiene un discurso contradictorio. Según indicaron, mientras reconoce las vulneraciones a sus derechos, continúa defendiendo al Estado boliviano ante las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En cuanto a las medidas de reparación, sostuvieron que estas deberían abarcar los ámbitos económico, moral, social e institucional, en concordancia con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
También negaron que exista comunicación entre ellos y alguna institución estatal, particularmente con la Procuraduría General del Estado. Además, rechazaron que se les haya presentado una oferta formal de atención y reparación en materia de salud.
El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, terminó con la muerte de tres personas y la detención de Tóásó y Tadic, quienes fueron acusados de integrar una presunta célula terrorista separatista.
Ambos permanecieron encarcelados y posteriormente se sometieron a un procedimiento abreviado que permitió su liberación. Años después, llevaron sus reclamos ante la CIDH, instancia que estableció vulneraciones a sus derechos y señaló obligaciones de reparación e investigación para el Estado boliviano.
La controversia se centra ahora en el cumplimiento de esas obligaciones y en los avances de la investigación penal, mientras los dos sobrevivientes insisten en que las actuaciones estatales no han respondido de manera suficiente a los compromisos internacionales asumidos por Bolivia.
