La audiencia de medidas cautelares del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue suspendida este jueves 22 de octubre y reprogramada para el próximo 9 de noviembre, dentro del proceso penal que investiga la presunta malversación de Bs 191 millones destinados a 17 proyectos municipales.
El acto judicial debía instalarse a las 10:00 en el Juzgado Décimo de Instrucción Penal de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, la audiencia no pudo desarrollarse debido a que el abogado defensor de la exautoridad se encontraba afónico y tenía dificultades para hablar, según informó EL DEBER.
Fernández se presentó en el lugar y rechazó las acusaciones en su contra. Aseguró que el proceso tiene motivaciones políticas y calificó la investigación como un “montaje político”.
“Los recursos entraron a una cuenta de la Alcaldía, nadie se los ha sacado”, sostuvo el exburgomaestre al referirse al dinero destinado a la construcción del viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia. También afirmó que cuenta con documentación de descargo para respaldar su posición.
Investigan recursos destinados a 17 obras
El proceso busca esclarecer el destino de aproximadamente Bs 191 millones vinculados a créditos autorizados para financiar proyectos de inversión pública durante la anterior administración municipal.
De acuerdo con los antecedentes difundidos por autoridades municipales, entre las obras observadas figuran proyectos inconclusos o que no llegaron a ejecutarse, incluido el viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia.
La investigación pretende establecer qué ocurrió con los recursos comprometidos para estas intervenciones y determinar si existen responsabilidades penales por su presunta utilización irregular.
El caso es distinto de otros procesos que también involucran a Fernández por presuntas irregularidades durante su gestión como alcalde.
La justicia deberá definir su situación legal
Con la suspensión de la audiencia, la definición de las medidas cautelares contra el exalcalde queda pendiente hasta el 9 de noviembre, fecha en la que deberá retomarse el acto procesal, de acuerdo con el reporte publicado por EL DEBER.
La audiencia deberá permitir que la autoridad judicial evalúe los elementos presentados por las partes y determine las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.
Mientras tanto, Fernández mantiene su postura de que las acusaciones responden a intereses políticos y asegura que puede demostrar documentalmente el manejo de los recursos observados.
La investigación continúa abierta y será la justicia la que determine si existió malversación de fondos y quiénes serían los responsables, respetando la presunción de inocencia de las personas investigadas.
