El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, apuntó a la fiscal Delmy Guzmán como una de las presuntas piezas clave del encubrimiento en el denominado caso Maletas, que investiga el ingreso irregular de 31 maletas al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, el 29 de noviembre de 2025. La autoridad cuestionó que la funcionaria continúe ejerciendo como fiscal y mantenga vinculación con las actuaciones investigativas.
Oviedo identificó a Guzmán como una persona de “absoluta confianza” del exfiscal general Róger Mariaca y sostuvo que habría intervenido cuando efectivos policiales pretendían ejecutar un allanamiento en los galpones de la empresa Ebose, vinculada al exjuez Hebert Zeballos, donde presuntamente fueron trasladadas las maletas retiradas del aeropuerto.
“Una parte fundamental del encubrimiento en esta investigación, la aún fiscal Delmy Guzmán, persona de absoluta confianza de Róger Mariaca, sigue siendo fiscal”, manifestó el ministro, quien pidió explicaciones al fiscal general del Estado, José Armando Urioste, y al fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, sobre la continuidad de la funcionaria en el Ministerio Público.
Según la versión de Oviedo, la intervención de Guzmán habría impedido que el allanamiento se realizara oportunamente, situación que permitió que el equipaje desapareciera antes de que los investigadores pudieran encontrarlo. Por ello, pidió que se revisen las actuaciones de la fiscal y se establezcan las posibles responsabilidades.
Los nuevos señalamientos se producen después de que el ministro involucrara al exfiscal general Róger Mariaca y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, como presuntos responsables de organizar, financiar y facilitar el traslado de las maletas. Oviedo afirmó que estas hipótesis surgieron de las declaraciones ampliatorias de la exdiputada Laura Rojas y del exjuez Hebert Zeballos.
Asimismo, el ministro aseguró que el equipaje contenía marihuana químicamente alterada, con un elevado valor comercial en Brasil. Sin embargo, reconoció que todavía existen interrogantes sobre el destino final de la sustancia y las personas que habrían recibido o comercializado el cargamento.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la actuación de funcionarios de las instituciones llamadas a investigar y administrar justicia. Mientras el Gobierno exige explicaciones sobre la participación de Guzmán y otros exfuncionarios, las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y con respaldo de pruebas.
