El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y el exfiscal antinarcóticos cumplirán la medida cautelar en recintos penitenciarios de La Paz. La defensa de Porras anunció que apeló la determinación judicial.
La Justicia dispuso la detención preventiva de Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y Julio César Porras, exfiscal antinarcóticos, dentro de la investigación del denominado caso Mariaca, que se desarrolla en La Paz.
La decisión fue emitida pasadas las 21:30 de este martes. Ambos son investigados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
Tras conocerse la resolución, el abogado de Porras informó que su defendido será trasladado al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, para cumplir la medida cautelar. Asimismo, indicó que la determinación judicial ya fue apelada.
Diferencias sobre los recintos penitenciarios
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que Quezada cumpla la detención preventiva en el penal de Patacamaya. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente si será trasladado a ese recinto penitenciario.
En el caso de Porras, su defensa señaló que el destino será la cárcel de San Pedro.
Dos investigaciones en menos de una semana
La situación de ambas exautoridades se produce después de que la semana pasada fueran aprehendidas por el caso de las denominadas “maletas con marihuana”, relacionado con el equipaje que llegó al aeropuerto internacional de Viru Viru en diciembre del año pasado.
En ese proceso, Quezada y Porras optaron por un procedimiento abreviado y recibieron una condena de tres años, según los antecedentes proporcionados sobre el caso.
Posteriormente, el domingo, ambos fueron nuevamente aprehendidos por una orden emitida dentro de la investigación que involucra al exfiscal general Roger Mariaca. El lunes fueron trasladados a La Paz y, tras comparecer ante las autoridades judiciales, este martes se determinó su detención preventiva.
La investigación continuará para establecer las presuntas responsabilidades de los sindicados. Mientras tanto, la medida cautelar dispuesta por la Justicia no representa una declaración de culpabilidad en este nuevo proceso.




