Rómulo Calvo y Roberto Fernández escucharon ayer su sentencia por el caso de las expropiaciones de terrenos ubicados en la zona del Plan 3.000. La audiencia, que tuvo lugar en el palacio de justicia de Santa Cruz, duró cerca de hora y media y en la misma se ratificó lo anunciado a inicios de semana: el excívico fue condenado con cuatro años de cárcel, mientras que al exalcalde se le dio una sentencia de cinco años de reclusión.
Rómulo Calvo, quien era concejal por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y fue alcalde interino cuando ocurrió la expropiación, reiteró que lo que sucede en este proceso solo es una “revancha política” por el papel que tuvo como presidente del Comité pro Santa Cruz y que ha quedado demostrado que el brazo operativo de la “represión” es el Órgano Judicial.
«Después de tener 2 sentencias absolutorias, después de 15 años vienen y apertura de nuevo este proceso en busca de una sentencia que solo quiere amedrentar y buscar acallar a quienes luchamos por la democracia. Tengo 27 procesos que son de parte de los diputados, que son supuestamente los padres de la patria que deben defender a los ciudadanos» aseguro.
El abogado de Calvo, Martín Camacho, anunció que ahora presentará un recurso de apelación ante un tribunal de alzada y que mientras la sentencia no sea ejecutoriada tanto su defendido como el exalcalde Fernández podrán mantener su libertad.
Por su parte, el exalcalde Roberto Fernández, lamentó que se haya dictado un proceso sin analizar bien las circunstancias que rodeaban a las autoridades en la época de la que data el proceso, ya que actuaron para proteger la vida de decenas de personas que fueron trasladadas a un predio porque habían sido afectadas por inundaciones.
«Vamos a apelar como corresponde, porque vamos a hacer conocer la verdad, porque se van a conocer quienes son realmente los damnificados porque esto no termina aquí», apunto.
La acusación en contra de Fernández, como alcalde municipal y contra Calvo, que ejerció de forma interina el mismo cargo, es por el delito de “contratos lesivos al Estado” por un presunto pago irregular a los propietarios de los terrenos expropiados.
Tanto Calvo como Fernández recordaron por separado que se trata de un proceso judicial que ya había sido resuelto por la justicia.
La defensa de Calvo manifestó que ya apelaron en audiencia, sin embargo tienen 15 días hábiles para presentar la parte documental. No obstante afirmo que con esta apelación, tanto su defendido como Fernández quedaran en libertad.
