La Confederación Nacional de Prestatarios anunció la realización de una marcha este martes desde la ciudad de El Alto hacia La Paz, en protesta por lo que consideran una falta de voluntad del Gobierno para aplicar la Ley N° 1670 de Diferimiento de Créditos, norma que —según el sector— debía beneficiar a miles de familias endeudadas en el país.
De acuerdo con los dirigentes, el Ejecutivo habría interferido de manera oficiosa en la aplicación de la norma, pese a que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió el 12 de noviembre de 2025 una instructiva dirigida a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), comunicando la vigencia de la Ley 1670 y su Decreto Reglamentario N° 5484, y disponiendo la suspensión de embargos y la reprogramación de créditos.
El dirigente Michael Chura informó que, si bien algunas entidades financieras comenzaron a reprogramar créditos, desde la semana pasada asesores de cobranza retomaron los llamados a los prestatarios para exigir el pago de cuotas atrasadas.
Otros voceros denunciaron además que recibieron advertencias sobre un eventual reporte a la Central de Riesgos, bajo el argumento de que, mientras no exista una reglamentación adicional por parte de la ASFI, los pagos deben continuar de manera regular.
El sector también cuestionó la postura del nuevo ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, a quien acusan de haber cambiado su discurso. “Durante la campaña defendía a los más vulnerables y ahora protege a la banca en nombre de la estabilidad del sistema financiero”, señalaron.
Los prestatarios aseguraron que el sistema financiero no enfrenta ningún riesgo, citando un reporte de la Asoban que señala que en la gestión 2025 se registraron utilidades históricas por 2.592 millones de bolivianos, cifra que —a su criterio— demuestra que existe margen para aplicar el diferimiento sin afectar la estabilidad del sector.
Asimismo, denunciaron que el Gobierno estaría priorizando beneficios para grandes empresarios, mencionando la liberación del pago del Impuesto a las Grandes Fortunas, mientras —según afirmaron— se mantiene una política de presión sobre las familias más afectadas por la crisis económica, particularmente en la época de fin de año.
Los dirigentes también criticaron que el ministro Espinoza haya respaldado la postura de la banca respecto a una supuesta irregularidad en el procedimiento legislativo de la Ley de Diferimiento, recordando que toda norma promulgada goza de presunción de constitucionalidad hasta que exista un fallo definitivo del Tribunal Constitucional.
Finalmente, lamentaron que, pese al compromiso asumido por el Ministro de Economía el pasado 2 de diciembre para dar una solución al conflicto, hasta la fecha no se haya presentado ninguna alternativa concreta, situación que calificaron como una gestión “irresponsable y poco transparente”.
