El Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción N.º 13 de La Paz fijó para el 22 de enero de 2026, a las 10:00, la audiencia cautelar contra el exalcalde paceño Luis Revilla Herrero, dentro del proceso por un presunto sobreprecio de 26 millones de bolivianos en la adquisición de 61 buses PumaKatari, informó el denunciante y presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), Jesús Vera.
La audiencia fue señalada el 5 de diciembre de 2025, luego de que Revilla reapareciera públicamente tras haber permanecido prófugo desde noviembre de 2021, cuando se activó una alerta migratoria en su contra y posteriormente los sellos azul y rojo de Interpol, que derivaron en su búsqueda en más de 190 países.
Vera señaló que la condición de fuga constituye una agravante que debe ser considerada por la autoridad judicial, más aún cuando el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del exalcalde en el penal de San Pedro por un periodo de seis meses.
Recordó que la última citación fiscal a Revilla se produjo el 10 de enero de 2022, audiencia que fue suspendida a pedido del investigado y reprogramada para el 24 de ese mismo mes, fecha tras la cual —indicó— el exalcalde se dio a la fuga.
El dirigente vecinal cuestionó que, pese a estos antecedentes, Revilla haya reaparecido posteriormente en redes sociales participando en campañas electorales y haya logrado la anulación de dos órdenes de aprehensión, situación que calificó como irregular. Lamentó que el exalcalde haya pasado de la condición de “prófugo a candidato” a la Gobernación de La Paz, lo que —dijo— refleja un escenario de impunidad.
Asimismo, observó que el alcalde Iván Arias y los 11 concejales municipales dejaron de impulsar el proceso, pese a haberse presentado inicialmente como parte interesada por el daño económico ocasionado a la Alcaldía, incurriendo —según afirmó— en un “silencio cómplice”.
Vera recordó que la Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió un informe en el que se establece que la compra de los buses PumaKatari no contaba con un Estudio Técnico de Factibilidad (TESA) y que la documentación presentada, compuesta por 279 páginas, sería falsa, con la cual se habría gestionado el desembolso de los recursos.
A raíz de ese informe, señaló que el alcalde Arias se constituyó en parte del proceso en calidad de víctima, al igual que la Procuraduría General del Estado, al considerar que existe un daño económico de 26 millones de bolivianos en la primera compra, además de montos similares en la segunda y tercera adquisición, que aún no fueron investigadas.
Luis Revilla es investigado por los presuntos delitos de daño económico al Estado, contratos lesivos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Vera sostuvo que, debido a la abundante prueba presentada, el Ministerio Público debería avanzar hacia la acusación formal y no limitarse únicamente a la etapa cautelar, en la que el exalcalde podría enfrentar una eventual pena de entre 10 y 15 años de prisión.
Finalmente, informó que todas las partes procesales ya fueron legalmente notificadas, incluido Revilla, por lo que la audiencia cautelar del 22 de enero deberá realizarse sin dilaciones. En ese marco, pidió al Gobierno, a la Procuraduría, a la Contraloría General del Estado y a la Alcaldía de La Paz realizar un seguimiento estricto del proceso para evitar cualquier sospecha de protección política en un caso de presunta corrupción.
