La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó este miércoles la cancelación de la personería jurídica del partido Unión Cívica Solidaridad (UCS), luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazara los recursos presentados por esa organización política.
La decisión también alcanza a la agrupación ciudadana Movimiento de Organización Popular (MOP) y a la alianza Nuevas Ideas.
“La Sala Plena resuelve (…) disponer la cancelación de la personalidad jurídica del partido político UCS y de la agrupación ciudadana MOP; en consecuencia, quedan inhabilitadas las candidaturas presentadas por las referidas organizaciones políticas para las Elecciones Subnacionales 2026”, dio lectura el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.
En la Resolución 45/2026, emitida el 28 de enero de 2026, el órgano electoral también determinó la cancelación de la personalidad jurídica de la alianza Nuevas Ideas, conformada por UCS y la agrupación ciudadana Poder del Pueblo. Con esta decisión, todas sus candidaturas quedan inhabilitadas para las Elecciones Subnacionales y no podrán ser registradas nuevamente por otro partido ni en la misma alianza.
Esta determinación deja fuera de la carrera electoral al exdiputado Rafael “Tata” Quispe, quien postulaba a la Gobernación de La Paz. La cancelación de la personería de UCS se debe a que el partido no alcanzó el 3% de los votos válidos en las últimas elecciones, requisito establecido por la normativa electoral.
Un antecedente similar es el de Acción Democrática Nacionalista (ADN), que perdió su personería jurídica por la misma causal, quedando también sus candidatos fuera del proceso electoral.
Previo al pronunciamiento del TSE, Quispe advirtió públicamente a los vocales electorales que podrían ir a la cárcel si se determinaba su inhabilitación como candidato.
Al respecto, el vocal Carlos Ortiz dio lectura a un pronunciamiento de la Sala Plena en el que se exhorta a los actores políticos a “actuar con responsabilidad” y se aclara que el Tribunal Supremo Electoral no cederá ante ningún tipo de amenaza, remarcando que sus resoluciones están debidamente fundamentadas en la ley.
