El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este viernes que existe un “boicot” y un “sabotaje” contra su Gobierno, en referencia a las protestas protagonizadas esta semana por sindicatos de transportistas que denunciaron la supuesta mala calidad de la gasolina comercializada en el país y los daños ocasionados a sus vehículos.
“Hay un sabotaje en todo esto, porque un Estado de 20 años no se resuelve en tan corto plazo”, sostuvo el mandatario ante los medios de comunicación, tras participar en un evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad de La Paz.
Paz, quien este domingo cumplirá tres meses de gestión, recordó que en la víspera el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, realizó un “anuncio muy duro” al informar sobre el despido de 360 funcionarios de la estatal petrolera, como parte de un proceso de reestructuración interna.
Akly también señaló que se inició una investigación interna ante la posibilidad de la existencia de una “mano negra” que estaría afectando de manera intencional la distribución del combustible en el país.
En esa línea, el jefe de Estado adelantó que “habrá más anuncios” relacionados con la detección de “lacra”, “corrupción” y presuntas “mafias internas” en algunas instituciones estatales. Según Paz, se trata de personas que “le están haciendo daño al país”.
El mandatario se comprometió a relanzar la capacidad del Estado para evitar este tipo de problemas e insistió en que la situación actual responde a un intento de boicot. Asimismo, expresó su preocupación por lo que calificó como una alianza entre sectores de izquierda y de derecha que, a su criterio, no quieren permitir que Bolivia deje atrás el pasado.
“No le quieren dar futuro, porque saben que si Bolivia avanza en ese futuro, no hay retorno al pasado ni de los viejos políticos, ni de la vieja casta que ha gobernado en los últimos años Bolivia”, afirmó.
Durante la semana, transportistas realizaron protestas en ciudades y regiones como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni, exigiendo al Gobierno una compensación por los presuntos daños causados por la gasolina que, según denuncian, presenta deficiencias en su calidad.
Por su parte, las autoridades aseguraron que el problema no es de alcance nacional y que se identificaron “casos específicos de gasolina residual localizada en algunos tanques con parámetros inferiores, correspondientes a adquisiciones anteriores”, además de concentraciones elevadas de gomas y manganeso.
El Ejecutivo también afirmó que la gasolina “desestabilizada” ya no se comercializa en el país y señaló que se trabaja sobre un “sistema heredado” que está siendo corregido, con el objetivo de garantizar que el combustible cumpla con verificaciones rigurosas de calidad.
