La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público ejecutaron este lunes allanamientos en condominios ubicados en las zonas de Equipetrol y Urubó, en Santa Cruz, como parte de las investigaciones por el caso de las armas de grueso calibre encontradas la semana pasada en el aeropuerto internacional de Viru Viru.
Los operativos fueron realizados por una comitiva de investigadores que busca recolectar elementos de convicción para esclarecer el origen y destino del armamento hallado en las terminales de carga del aeropuerto cruceño.
Durante la jornada, los efectivos policiales intervinieron un inmueble en la zona de Equipetrol y otro en Urubó, en el municipio de Porongo. Según información preliminar, en ambos lugares se secuestró documentación considerada de interés para la investigación.
No obstante, las autoridades no encontraron a personas buscadas o sospechosas dentro de los inmuebles allanados.
El caso se conoció públicamente la semana pasada, cuando dos mujeres se presentaron en el aeropuerto de Viru Viru con un poder notariado para retirar tres maletas que habían llegado desde el exterior.
Al momento de someter el equipaje a los controles de seguridad, los operadores detectaron mediante escáner que en el interior se encontraban armas de grueso calibre desarmadas y ocultas entre repuestos para vehículos.
Tras el hallazgo, ambas mujeres fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, días después recuperaron su libertad mientras continúan las investigaciones.
Entretanto, la Policía y la Fiscalía mantienen la búsqueda de Adrián Hurtado Zeliakousky, un joven de 19 años identificado como la persona que arribó desde Miami con las tres maletas que contenían los fusiles.
Sobre el investigado pesa una orden de aprehensión y las autoridades lo consideran una pieza clave para determinar cómo ingresó el armamento al país y quiénes estarían involucrados en el caso.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días para establecer responsabilidades y esclarecer el destino final de las armas decomisadas.
