En el marco del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la persistencia de este tipo de violencia en Bolivia y reportó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 965 denuncias por violación de infante, niña, niño o adolescente.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que la violencia sexual contra menores constituye una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos, debido a las consecuencias que genera sobre su dignidad, integridad física, psicológica y sexual, además de afectar su desarrollo integral y proyecto de vida.
De acuerdo con datos del Ministerio Público, durante 2025 se registraron 10.816 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 2.313 correspondieron a violación de infante, niña, niño o adolescente.
En los primeros seis meses de 2026, en tanto, se contabilizaron 965 denuncias por este último delito, con una mayor concentración de casos en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
La Defensoría advirtió que muchos de estos hechos ocurren dentro del entorno familiar o involucran a personas cercanas a las víctimas, situación que, según la institución, evidencia una problemática estructural que requiere una respuesta estatal efectiva.
“Estos hechos, que frecuentemente ocurren en entornos familiares o cercanos, evidencian una problemática estructural que requiere una respuesta estatal efectiva”, señaló la institución.
Defensoría pide fortalecer la protección de menores
La institución recordó que la Constitución Política del Estado, la Ley N.º 548, Código Niña, Niño y Adolescente, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales establecen la obligación del Estado de prevenir, atender y combatir todas las formas de violencia sexual contra menores.
Entre las acciones que desarrolla la Defensoría del Pueblo se encuentran las Mesas Departamentales “Voces Unidas frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, la política de Defensoras y Defensores Estudiantiles, campañas de sensibilización y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de protección de la niñez y adolescencia.
Callisaya pidió fortalecer el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, además de garantizar una atención especializada que evite la revictimización de quienes denuncian estos delitos.
También demandó mejorar las investigaciones y garantizar sanciones efectivas contra los responsables, así como asegurar que las decisiones legislativas tengan como prioridad la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
