Primo Martínez afirmó que la situación crítica de la administración judicial es compartida por los magistrados y sostuvo que la transformación requiere la participación de todos los órganos del Estado y de la sociedad. También cuestionó la estructura de gobernanza del sistema, que identificó como una administración con “cuatro cabezas”.
La crisis que atraviesa el sistema judicial boliviano requiere cambios estructurales y la participación de distintos sectores, según el decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Primo Martínez, quien reconoció que la situación actual afecta la imagen y el funcionamiento de la administración de justicia.
En entrevista con UNITEL, Martínez señaló que las declaraciones del nuevo presidente del TSJ, Carlos Eduardo Ortega, reflejan la preocupación que comparten los magistrados ante el deterioro institucional.
“Lo que ha manifestado el presidente es el sentir en este momento de todos los magistrados. Sensiblemente hay que ser realistas, estamos en una situación crítica en la administración de justicia”, afirmó.
El decano también se refirió a la salida del país del expresidente del TSJ, Romer Saucedo, investigado por presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal. Consideró que este episodio representa un nuevo golpe a la imagen del Órgano Judicial.
“Lo ocurrido con Saucedo es un eslabón más de la cadena que deteriora un poco más la imagen del Órgano Judicial”, manifestó.
Una crisis que, según Martínez, trasciende al Órgano Judicial
Al analizar las causas de los problemas institucionales, Martínez apuntó a la pérdida de valores y principios como uno de los factores que afectan el cumplimiento de las normas en el país.
“Yo creo que la carencia de valores y principios. No todos seguimos las reglas establecidas en la sociedad y esto no es de ahora, es de muchísimo tiempo atrás”, sostuvo.
A su criterio, la crisis no debe ser abordada como un problema exclusivo de los tribunales, sino como una situación que involucra a las distintas instituciones estatales y a la sociedad boliviana.
Por ello, insistió en que la Justicia debe abrirse al debate y evitar que las propuestas de transformación sean elaboradas únicamente desde el interior del Órgano Judicial.
“Es tiempo de empezar a aperturarnos, no cerrarnos simplemente como Órgano Judicial. (…) Esto inmiscuye a toda la sociedad boliviana”, expresó.
Propuestas de reforma y reuniones con otros órganos
Martínez indicó que hace aproximadamente dos meses recibieron propuestas de reforma, incluso de carácter constitucional, presentadas por una comisión encabezada por el diputado Juan del Granado.
Como primeros pasos, explicó que se pretende elaborar un diagnóstico de la situación judicial y gestionar reuniones en La Paz con representantes de los otros órganos del Estado. También señaló que esperan conocer la propuesta de reforma integral anunciada por el presidente Rodrigo Paz.
El magistrado consideró que cualquier transformación necesita voluntad política y coordinación entre las instituciones involucradas.
Cuestiona la estructura de gobernanza judicial
Otro de los aspectos abordados por el decano fue la organización del sistema judicial, que describió como una estructura con cuatro instancias principales: el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Martínez reconoció que esta distribución plantea dificultades de gobernanza y señaló que debe analizarse si corresponde avanzar hacia una estructura unificada.
“De alguna forma hay que admitirlo. Hay que ir pensando cómo se va a unificar esto, si corresponde o no”, indicó.
También observó dificultades en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, particularmente en los procesos disciplinarios. Según explicó, la normativa vigente mantiene procedimientos con participación de jueces ciudadanos, lo que genera demoras, mientras que algunas sanciones son posteriormente anuladas por salas constitucionales.
“Se está cumpliendo, entiendo, pero no en la expectativa que se debería tener”, concluyó.
Las declaraciones de Martínez se producen mientras el TSJ inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Carlos Ortega, en medio de cuestionamientos institucionales y de la discusión sobre posibles cambios al sistema de administración de justicia.





