Fernando Larach, vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, afirmó este viernes que las medidas de presión, como el paro indefinido, no tienen la “mínima intención” de demandar la renuncia del presidente Luis Arce ni mucho menos busquen desestabilizar al Gobierno.
El único objetivo, a decir del dirigente, es buscar la abrogación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y sus anexos que consideró afectan a “todos los ciudadanos” debido a que gran parte se dedica al sector informal.
“El Comité pro Santa Cruz no tiene la mínima intención de pedir la renuncia de la máxima autoridad del Estado, ni mucho menos causar zozobra con el Gobierno actual. Nosotros reconocemos la investidura del Presidente del Estado y como tal, lo respetamos, sin embargo, el hecho que respetemos a la autoridad no quiere decir que estemos de acuerdo con las medidas que tome”, aseguró en entrevista con ERBOL Radio.
La Ley 1386 pone en “riesgo el patrimonio, las libertades y los derechos de los ciudadanos”, aseguró Larach a tiempo de insistir que a las medidas que se plegaron los cívicos del país “de ninguna manera” buscan pedir la renuncia de Arce o desestabilizar al Gobierno.
Aseguró que las movilizaciones anunciadas son de reivindicación y en defensa de los derechos de la población que se siente vulnerada con normas que no fueron consensuadas por el Ejecutivo y Legislativo en su momento.
Para el Gobierno y las organizaciones sociales existe la sospecha de afanes de desestabilización en contra de la administración de Arce que apuntan a que se repita a la crisis de 2019 con la renuncia de Evo Morales.
Por otro lado, Larach cuestionó las declaraciones del vicepresidente David Choquehuanca quien ayer hizo referencia a las movilizaciones anunciadas al señalar que los sectores sociales utilizarán “todos los recursos a su alcance” que permite la democracia para defender la estabilidad económica, la unidad, soberanía y recursos naturales del país.
Según el cívico, las palabras del vicepresidente fueron “temerarias”, “fuera de lugar” y le sugirió ser responsable con palabras, sentar una denuncia y presentar las pruebas ante la Fiscalía, caso contrario, debería “cerrar la boca”.
