Ni altercado, ni susto. La aparición de un acta en el cuadernillo de investigaciones en la que los seis periodistas, policías y comunarios firmaron a los encapuchados armados, en Las Londras, el 28 de octubre, mientras permanecían privados de su libertad por 7 horas, constituye un elemento esencial para configurar el delito de secuestro, por la ventaja económica que pretendían obtener al apropiarse de esas tierras que avasallaron, aseguró el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, quien ayer acompañado de algunos de sus directivos, sostuvo una reunión con el comandante departamental de la Policía, coronel Alvaro Marcelo Flores, preocupado por la falta de resultados en la captura de los autores.
El artículo 334 del Código Penal Boliviano a la letra dice: ‘el que secuestrare a una persona con el fin de obtener rescate u otra indebida ventaja o concesión para si o para otros como precio de la libertad de la víctima, será sancionado de 5 a 15 años de presidio’. Esos dos requisitos se cumplen en los hechos, la privación de libertad y la ventaja económica, de modo que por eso se insistirá en que los autores sean procesados también por el delito de secuestro.
Cómo se conoce, los comunicadores agredidos son Silvia Gómez y su camarógrafo Sergio Martínez de Unitel, Percy Suárez de ATB, Mauricio Egüez y su camarógrafo Nicolás García de Red UNO y el fotorreportero Jorge Gutiérrez de El Deber, quienes fueron víctimas de secuestro y torturas, en una caravana en la que también iban cuatro policías y varios comunarios de la provincia Guarayos.
Informó que como resultado de la reunión, el jefe policial se comprometió a proceder con la captura de los cuatro sospechosos que tienen órdenes de aprehensión por el Ministerio Público que hasta la fecha no han sido habidos por la complejidad del caso pues estos se esconden en zonas rurales del departamento.
Además el coronel Flores negó que haya presión de autoridades políticas con el fin de frenar las investigaciones del controvertido caso para encubrir a los responsables teniendo en cuenta que en las investigaciones se ha observado, por el desdoblamiento de las llamadas de los teléfonos incautados al director departamental del INRA, Adalberto Rojas, que tenía una relación fluida aparentemente con los avasalladores.
Méndez insistió que se debe convocar a la Notaria de Fe Pública de San Julian que avaló el acuerdo porque seguramente ella tiene conocimiento sobre la identidad de los encapuchados armados que llegaron hasta su oficina para hacer validar ese documento.
