El Gobierno nacional dejó en manos del Órgano Legislativo el pedido del cabildo de Santa Cruz de elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824 que fija el Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024. Aclaró, además, que disponer o no la libertad de los aprehendidos, es de competencia del Órgano Judicial.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, recordó por mandato de la Constitución Política del Estado la realización del Censo es una competencia privativa del gobierno nacional y que, por ello, el presidente Luis Arce Catacora, escuchando la recomendación de la Comisión Técnica, fijó para el 23 de marzo de 2024 la realización de la encuesta nacional.
Por ello, dijo que la petición del cabildo, de elevar el Decreto Supremo 4824, que establece la fecha del Censo a rango de ley, le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y no al Ejecutivo.
“En la instancia que nos corresponde, nosotros, por la competencia privativa que tiene, hemos emitido ya una posición, tendría que peguntar al Órgano Legislativo”, indicó Alcón en declaraciones realizadas en puertas de Palacio Quemado.
Al respeto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dijo que una vez esta instancia conforme las comisiones y comités, que se podría concretar en esta semana, se cumplirá con el tratamiento de todas las normas que lleguen al Legislativo.
“Sin comisiones no se puede tratar un proyecto de ley, por lo tanto, esta semana vamos a conformarlas, y lo más probable es que más adelante estemos tratando las siguientes normas”, dijo.
Además de ese pedido, el cabildo de Santa Cruz dio un plazo de 72 horas para que sean liberados “todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en el ejercicio de su derecho a la protesta” en demanda de que el Censo se realice el año 2023.
De inicio, Alcón señaló que disponer o no la libertad de los detenidos por incendio de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz y el robo en la Central Obrera Departamental (COD), el pasado 11 de noviembre, no está “en manos del Gobierno nacional, sino le corresponde al Ministerio Público y a la justicia”.
De acuerdo con las investigaciones, los 10 detenidos por la quema de la federación campesinos de Santa Cruz, son procesados por el delito de incendio, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, entre otros delitos de tipo penal. En tanto, los siete detenidos por el saqueo en la COD son procesados por el delito de robo agravado.
La viceministra señaló que todos esto hechos tiene que ser investigados con celeridad, incluida las agresiones a los trabajadores de la prensa durante los días de conflicto en la capital cruceña.
“Eso tendría que seguir su curso”, enfatizó.
