Ante los anuncios de recursos contra las elecciones generales de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció un instructivo para que los jueces y vocales del Órgano Judicial respeten la democracia y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes.
“Nosotros hemos manifestado y estamos emitiendo un instructivo desde presidencia para que todos los jueces y vocales que pertenecen al sistema del Órgano Judicial respeten por sobre todo la democracia, la institucionalidad y, además, no se pretenda poner los derechos individuales por encima de los derechos de la colectividad”, indicó en una entrevista con el programa Asuntos Centrales.
En el instructivo también se haráénfasis sobre el resguardado de los “preceptos constitucionales en relación a cualquier prórroga o cualquier acortamiento de mandato que eso le hace daño a la democracia”.
En opinión del presidente del TSJ, “no es descabellado, ni es algo impensable” que se pueda afectar las elecciones generales del 17 de agosto, considerando el antecedente de las elecciones judiciales de 2024 que, por determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se realizó de forma parcial.
No obstante, advirtió que “pretender llegar a vivir una situación similar” “creo que no está bien”.
De hecho, hasta el momento se anunció la presentación de al menos seis recursos en el TCP sobre las elecciones generales de agosto; no obstante, de ellos sólo tres se materializaron.
El 7 de abril, el diputado disidente de Comunidad Ciudadana Miguel Roca acudió al TCP en busca de que las organizaciones indígenas puedan participar en elecciones generales y no solo subnacionales, como lo limita la Ley 1096, mientras que el diputado del MAS Israel Huaytari presentó el 15 de abril una acción de inconstitucionalidad abstracta para que se garanticen binomios presidenciales paritarios.
Pero, además, el TSE presentó una acción de constitucionalidad concreta también sobre la participación de los pueblos indígenas en los comicios nacionales.
Sobre estas acciones, que apuntan a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, el ministro de Justicia, César Siles, indicó que de llegar a un dictamen el TCP solo se centraría en exhortar a la Asamblea Legislativa a ajustar la norma y que la eventual modificación regirá en las futuras elecciones, no en la de agosto.
Sin aludir a la decisión que vaya eventualmente a asumir el TCP, Saucedo enfatizó que los integrantes del Órgano Judicial “nos hacemos responsables de lo que nos compete” y recordó que el TCP es un ente autónomo por mandato de la Constitución Política del Estado.
“Nosotros vamos a resaltar en todo momento que se resguarde por sobre todo el derecho de la colectividad, hay un pueblo que quiere ir a las urnas, hay un pueblo que quiere ejercer su derecho democrático y será el pueblo boliviano el que defina”, aseguró.
Y con el fin de hacer prevalecer los derechos del pueblo, el presidente del TSJ habló de la posibilidad de organizar un gran diálogo por la democracia y por la institucionalidad que apunte, precisamente, a garantizar las elecciones generales del 17 de agosto.
