El ministro de Justicia, César Siles, instó este martes al Ministerio Público a presentar la acusación formal contra el dirigente cocalero, Evo Morales, por un caso de presunta trata de personas, para que se avance a la fase de juicio oral. También instó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a resolver las acciones pendientes.
“Exhorto al Ministerio Público para que, ya habiendo concluido ciertos plazos procesales y tiempo prudente de investigación, se emita la acusación para un juicio oral público y contradictorio en el que se decide si se han cometido o no los delitos imputados”, dijo el titular de Justicia en entrevista con Bolivia Tv.
Morales fue imputado formalmente por el delito de trata de personas con agravante por haber mantenido una relación con una adolescente en 2015, cuando ejercía la presidencia de Bolivia, de la cual nació una niña.
El caso es seguido por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), entidad que forma parte del proceso.
Asimismo, Siles aseveró que coincide con el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, que pidió que el TCP emita los pronunciamientos pendientes en este caso.
“Nosotros coincidimos con la posición del Fiscal General del Estado. Hay temas pendientes que ya deberían resolverse. Es un caso muy importante, no solo por las personas involucradas, sino por lo que representa en cuanto al delito de trata de personas”, señaló Siles.
En referencia a las acciones de libertad presentadas en el caso, en su mayoría por parte del propio Morales, el ministro dijo que actualmente están siendo acumuladas para su revisión por el TCP.
“Por lo menos recuerdo tres o cuatro acciones de libertad, la mayoría planteadas por el señor Morales, que están siendo acumuladas en una sola revisión. Esperamos que en las próximas semanas puedan ser sorteadas y resueltas”, precisó.
El Fiscal General solicitó el 6 de mayo al TCP la emisión inmediata de un fallo dentro del proceso contra Morales. Exigió, además, la priorización en el sorteo y revisión de una acción de libertad, tomando en cuenta que la víctima fue una menor de edad.
Ante esta situación, invocó el principio del interés superior del niño y la aplicación de tratados internacionales ratificados por Bolivia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo de Palermo y otros instrumentos que demandan una respuesta urgente del sistema judicial cuando están en juego los derechos de menores.
