Una acción popular presentada ante la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz pone en riesgo la participación de dos fuerzas políticas emergentes en las elecciones generales del 17 de agosto: el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), liderado por la exalcaldesa de El Alto, Eva Copa, y Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, encabezado por el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
El recurso fue interpuesto por Humberto Vidaurre Castillo, quien denuncia supuestas irregularidades en los plazos legales en los que ambas agrupaciones políticas obtuvieron su personería jurídica. Según el denunciante, los procedimientos administrativos no se ajustaron al marco normativo vigente, lo que podría derivar en la inhabilitación de ambas siglas para los próximos comicios.
De acuerdo a la documentación citada por Vidaurre y reportes de medios locales, APB-Súmate recibió su personería jurídica el 5 de diciembre de 2024. Sin embargo, al 3 de abril de 2025 —fecha clave en el cronograma electoral— se habrían cumplido solo 119 días calendario, cuando la normativa exige al menos 120 días para que una organización política pueda participar en las elecciones nacionales.
En el caso de Morena, la observación radica en que obtuvo la personería el 12 de febrero de este año, lo que implica apenas 50 días antes del 3 de abril. Esta diferencia con el plazo mínimo establecido también sería causal de inhabilitación, según el recurso presentado.
La audiencia para considerar el fondo de esta acción popular está programada para el jueves 23 de mayo, y podría marcar un hito decisivo en la ruta electoral hacia los comicios generales, especialmente porque tanto Copa como Reyes Villa figuran entre las figuras con mayor proyección en el actual escenario político.
En respuesta, APB-Súmate emitió un comunicado en el que desestima la denuncia y asegura haber cumplido con todos los requisitos “en tiempo y forma” para acceder a la personería jurídica. La agrupación de Reyes Villa también informó que su equipo jurídico está al frente del proceso, con el objetivo de “defender los intereses de la organización política”.
“Confiamos en que esta controversia se resuelva en los próximos días y se declare improcedente esta acción sin fundamento jurídico”, señala el pronunciamiento difundido este miércoles.
Hasta el momento, Morena no ha emitido una declaración pública sobre el proceso, aunque fuentes cercanas a la agrupación anticiparon que se alistan para responder legalmente al recurso presentado.
El caso ha generado expectación en el ámbito político nacional, ya que podría modificar sustancialmente el mapa electoral si la justicia determina la inhabilitación de ambas fuerzas. La Sala Constitucional tendrá en sus manos una decisión clave, a menos de tres meses de las elecciones.
