En un giro drástico de su estrategia política, dirigentes del ala “evista” anunciaron este miércoles que sus movilizaciones “han trascendido lo político” y ahora tienen como objetivo explícito la renuncia del presidente Luis Arce, además de la salida de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). También llamaron públicamente a la Policía Boliviana a sumarse a lo que calificaron como una “causa nacional”.
Durante una conferencia de prensa encabezada por Wilma Alanoca —quien aspira a la Vicepresidencia como compañera de fórmula de Evo Morales—, los dirigentes del evismo anunciaron que abandonarán las calles de La Paz para iniciar una nueva fase de bloqueos en carreteras, en distintas regiones del país.
“Nos vamos a conducir a las carreteras y las calles”, advirtieron, tras cumplir tres días consecutivos de movilizaciones en la sede de Gobierno.
El anuncio fue acompañado de un llamado a sectores estratégicos del país, como gremiales, mineros y transportistas, para que se sumen a la protesta, que —según afirmaron— ya no se limita a la candidatura de Morales, sino que responde al descontento social por el desabastecimiento de combustibles y el alza del costo de vida.
Un discurso confrontacional
En una escalada verbal sin precedentes recientes, los evistas aseguraron que “el escenario político ha pasado a segundo plano” y que la única salida a la crisis que denuncian es la renuncia del presidente Arce y la destitución de los magistrados “autoprorrogados” del TCP, así como del vocal Tahuichi Quispe del TSE.
También lanzaron una advertencia al Gobierno y a las fuerzas de seguridad: “La Policía tiene solo para tres o cuatro días más de gasificación. Vamos a estar en las calles por semanas o meses hasta que este Gobierno se vaya”, sentenciaron.
El pedido para que la Policía Boliviana se una a su causa ha generado alarma en círculos políticos y de seguridad, dado el carácter institucional y apolítico que se espera de las fuerzas del orden. La solicitud fue interpretada por analistas como un intento de desestabilización abierta.
Sin sigla y sin habilitación
Evo Morales enfrenta una doble barrera para postularse a la Presidencia: por un lado, no cuenta con una sigla habilitada, luego de que Pan-Bol perdiera su personería jurídica; y por otro, un fallo reciente del TCP ratificó que la reelección continua y discontinua es inconstitucional en Bolivia, cerrando la puerta legal a su candidatura.
Pese a ello, sus seguidores insisten en que sin su habilitación no habrá elecciones el próximo 17 de agosto. “No se va a votar si no se habilita a Evo”, afirmaron en la conferencia.
Mientras tanto, el Gobierno aún no ha emitido una posición oficial sobre las amenazas de radicalización ni sobre la solicitud a la Policía. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo advierten que cualquier intento de desestabilizar el orden constitucional será tratado como una amenaza a la democracia.
El país se encamina hacia semanas clave, con un calendario electoral en marcha, candidaturas aún en revisión por el TSE, y un ambiente cada vez más crispado por conflictos políticos, sociales y económicos.
