El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Ministerio Público investiga dos hechos registrados en Derechos Reales y en el Juzgado Público Civil y Comercial N.º 12, ambos relacionados con el presunto consumo de bebidas alcohólicas dentro de ambientes institucionales. En ambos casos se abrió proceso penal por el delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, debido a que los implicados habrían ingerido alcohol durante el ejercicio de funciones.
“Los informes institucionales establecen que en los dos hechos se colectó evidencia material conforme a protocolo, incluyendo bebidas alcohólicas encontradas en ambientes públicos. Además, las pruebas de alcoholemia realizadas a los involucrados confirmaron la presencia de alcohol, vulnerando normas administrativas y legales que rigen la función pública”, señaló Morales.
En el primer caso, personal de la División Anticorrupción halló recipientes de bebidas alcohólicas dentro de la oficina de la Subregistradora de Derechos Reales, Nayda D. A. R., de 39 años, quien dio positivo a la prueba de alcoholemia con 0,50 mg/l. La evidencia fue secuestrada y remitida al Ministerio Público. El juez dispuso para ella medidas cautelares de presentación semanal, arraigo, fianza económica y prohibición de contacto con testigos.
En el segundo caso, ocurrido en el Juzgado Público Civil y Comercial N.º 12, personal de Control y Fiscalización sorprendió a seis personas consumiendo alcohol. Cuatro fueron trasladadas al Ministerio Público, entre ellas la secretaria Iveth Z. Z. A., de 28 años, quien dio positivo con 0,32 mg/l, y los pasantes Juan G. M. M. (27), Mauricio V. F. O. (24) y Dinelza Y. C. H. (25), todos con alcoholemia positiva. La secretaria fue imputada y se encuentra con medidas de presentación periódica y fianza económica. Los pasantes fueron puestos a disposición del juez, al no ser funcionarios públicos, y se investigará para identificar a los demás involucrados.
El Ministerio Público reafirmó que investigará con firmeza cualquier conducta irregular en oficinas públicas y ambientes judiciales, recordando que estos hechos afectan la función estatal y la confianza ciudadana. Asimismo, se coordina con el Consejo de la Magistratura para la aplicación de sanciones administrativas y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.
