Un ministro de Estado, magistrados, vocales, jueces y fiscales aparecen mencionados en el denominado caso “consorcio”, una investigación que destapó una presunta red de influencias y presiones destinada a destituir de manera irregular a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según declaraciones a las que tuvo acceso ERBOL.
El caso salió a la luz pública el 12 de junio de 2025, tras la aprehensión del juez de Coroico Fernando Lea Plaza, acusado de emitir un fallo bajo presión para suspender la credencial de la magistrada Fanny Coaquira. Sin embargo, los testimonios incorporados a la investigación revelan que la trama se gestó meses antes y estuvo marcada por disputas de poder en la administración judicial.
De acuerdo con las declaraciones, el conflicto se originó en enero de 2025, cuando Yvan Córdova asumió la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, una designación que habría profundizado la pugna entre el entonces ministro de Justicia, César Siles, y la magistrada Coaquira. Testimonios señalan que Córdova era cercano a Siles y que su nombramiento respondió a acuerdos políticos para controlar el TDJ.
La exvocal Claudia Castro, actualmente detenida de manera preventiva, declaró que existió un plan para destituir a Coaquira mediante una acción de cumplimiento, bajo el argumento de que habría utilizado un certificado de docencia irregular para postular al TSJ. Según su versión, se realizaron reuniones privadas, contactos con fiscales y coordinaciones para direccionar el caso a un juez específico.
Ese juez fue Fernando Lea Plaza, quien afirmó haber sido presionado y amenazado para asumir la causa y fallar conforme a “órdenes superiores”. En su declaración ampliatoria, relató llamadas constantes, promesas de protección y ofrecimientos de favores laborales, además de la intervención de altas autoridades judiciales y del Ejecutivo.
El 12 de junio, Lea Plaza resolvió suspender la credencial de Coaquira y ordenar la posesión de su suplente, Iván Campero. Sin embargo, minutos después fue aprehendido en su despacho. El Tribunal Supremo Electoral y el TSJ calificaron el fallo como un “golpe judicial”.
Posteriormente, se conoció un audio atribuido al exministro Siles, en el que se habla de protección y coordinación “a muy alto nivel”, pieza que se convirtió en un elemento central de la investigación. Lea Plaza fue declarado colaborador eficaz en agosto de 2025 y salió de prisión semanas después, pero falleció posteriormente en circunstancias que las autoridades calificaron como suicidio.
El Ministerio Público investiga como principales implicados al exministro César Siles, al magistrado suplente Iván Campero, al expresidente del TDJ Yvan Córdova y a la exvocal Claudia Castro, en un proceso que busca establecer la existencia de un consorcio de autoridades para inducir un fallo judicial ilegal.
Mientras avanza la investigación, persiste también la incógnita sobre la legalidad de los documentos presentados por la magistrada Coaquira en su postulación, un aspecto que continúa bajo análisis fiscal.
