El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, rechazó haber afectado la honra y dignidad del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano, luego de que la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz concediera una tutela a favor de la autoridad ministerial por presuntas vulneraciones a su privacidad y reputación.
Lara afirmó que no tiene control sobre el contenido cuestionado y negó ser responsable de un video cuya eliminación le fue exigida por la resolución judicial. “Yo no tengo control de esa cuenta que quieren que yo elimine un supuesto video que hasta ahora ni siquiera me han mostrado. No me han mostrado qué video es”, declaró, al sostener que no puede retirar material de una cuenta que no administra.
La autoridad también negó haber realizado acusaciones directas contra el ministro Justiniano. “En ningún momento yo le he dicho asesino, corrupto o maleante. Nunca le he dicho”, afirmó, al remarcar la diferencia entre opinar sobre publicaciones de terceros y formular afirmaciones personales. “Una cosa es opinar acerca de publicaciones que hacen otras personas y otra cosa muy diferente es indicar, afirmar y asegurar”, señaló.
El vicepresidente expresó además su rechazo a lo que considera un intento de silenciarlo. “Para callarme a mí tienen que matarme. No me van a callar”, manifestó, insistiendo en que la medida judicial resulta de “imposible cumplimiento” al exigirle acciones sobre contenidos que, según dijo, no controla.
Por su parte, el vocal de la Sala Constitucional Primera, Alain Núñez, explicó que la tutela fue concedida debido a que se consideró vulnerada “la honra, reputación y dignidad de los accionantes”. En la misma línea, la vocal Carla García exhortó a un uso responsable de las redes sociales y sostuvo que “debemos ser responsables por el impacto de las redes sociales”, motivo por el cual respaldó la concesión de la acción de protección de privacidad.
La resolución judicial ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de las autoridades públicas en el uso de redes sociales y los límites entre la libertad de expresión y la protección de la honra y dignidad de las personas.




