El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó como una “persecución inhumana” la situación que enfrenta Elvira Parra, quien actualmente afronta 55 procesos penales relacionados con el denominado caso del Fondo Indígena, varios de los cuales continúan en etapa de investigación pese a haber transcurrido más de una década.
La autoridad defensorial visitó a Parra en celdas policiales luego de que fuera nuevamente aprehendida, y expresó su preocupación por la prolongación de los procesos judiciales.
Según explicó Callisaya, de 161 procesos vinculados al caso del Fondo Indígena, al menos 55 están dirigidos contra Parra. De estos, 23 casos continúan en investigación después de 10 años, mientras que otros cinco llevan más de cinco años sin resolverse.
“¿Se imaginan después de 10 años? Nadie va a promocionar ámbitos de impunidad, pero sí se debe racionalizar la persecución penal porque no podemos estar indefinidamente persiguiendo a las personas”, afirmó el defensor.
Callisaya señaló además que la propia Fiscalía General del Estado reconoció la existencia de dilaciones en las investigaciones relacionadas con este caso.
Nueva solicitud de detención
Pese a la antigüedad de los procesos, recientemente se abrió un nuevo proceso penal por hechos de similar data, en el cual el fiscal solicitó nuevamente la detención preventiva de Parra por seis meses, según explicó el Defensor del Pueblo.
La exdirectora del Fondo Indígena permaneció detenida preventivamente entre 2015 y 2023, es decir, más de ocho años, situación que en su momento generó cuestionamientos debido a que el tiempo de reclusión habría superado incluso la pena máxima prevista para el delito imputado.
“Imagínense la irracionalidad de la persecución penal”, expresó Callisaya.
Procesos en distintos departamentos
El Defensor también advirtió que los casos están dispersos en diferentes departamentos, entre ellos Santa Cruz de la Sierra y Oruro, lo que obliga a Parra a trasladarse constantemente junto a sus abogados, testigos y peritos para asistir a audiencias que, en muchos casos, terminan suspendiéndose.
A criterio de Callisaya, esta situación no solo afecta el derecho al debido proceso y a una justicia pronta, sino que también perjudica al propio Estado, ya que la prolongación de los juicios impide establecer responsabilidades y recuperar eventuales daños económicos.
El Defensor del Pueblo pidió a la autoridad judicial que conozca el nuevo caso tomar en cuenta estos antecedentes durante la audiencia prevista en las próximas horas.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando el caso y realizando gestiones institucionales, sin descartar acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una presunta vulneración de derechos debido a la prolongación de los procesos.
