La lucha contra la trata de personas exige reforzar las acciones de prevención, protección y asistencia integral con enfoques de género, niñez y derechos humanos, debido al impacto que este delito tiene principalmente sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes, afirmó Nelly Balda.
La reflexión fue realizada durante el lanzamiento del diplomado virtual Prevención, Protección y Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas, una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades de identificación, atención y protección de las víctimas de este delito.
Según Balda, comprender la trata de personas desde una perspectiva integral permite reconocer con mayor eficacia las situaciones de riesgo y ofrecer respuestas adecuadas a quienes son afectados por estas redes de explotación.
“La trata de personas constituye una grave vulneración de derechos humanos. El enfoque en derechos humanos, género y niñez permite comprender mejor la dinámica de este delito, identificar situaciones de riesgo y brindar una atención adecuada a las víctimas mediante acciones de prevención y protección”, señaló la funcionaria.
La autoridad explicó que la trata de personas comprende la captación, traslado, acogida o retención de personas mediante engaño, coerción u otras formas de sometimiento con fines de explotación. Entre las principales vulneraciones derivadas de este delito se encuentran la explotación sexual, la explotación laboral, los trabajos forzados, la esclavitud y la servidumbre.
Asimismo, remarcó que la trata de personas se diferencia del tráfico ilícito de migrantes porque no depende de una decisión libre de la víctima, sino de mecanismos de control, sometimiento y explotación que afectan gravemente su libertad y dignidad.
Frente a esta problemática, Balda subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, detección temprana y asistencia integral, además de consolidar mecanismos de coordinación entre instituciones públicas, organizaciones especializadas y redes de protección.
El diplomado es impulsado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional en coordinación con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente a uno de los delitos que más vulnera los derechos humanos de poblaciones en situación de riesgo.
