Las diputadas Catherine Pinto y Lissa Claros pidieron esclarecer las denuncias expuestas en “Las puertas del infierno”, obra que identifica a al menos 23 jesuitas acusados de abusos contra menores en Bolivia.
Las revelaciones contenidas en el libro “Las puertas del infierno”, presentado por la Comunidad de Sobrevivientes de Bolivia (CBS), continúan generando reacciones en distintos ámbitos del país. La publicación identifica a al menos 23 jesuitas acusados de cometer abusos sexuales contra niños y adolescentes, lo que motivó pedidos de investigación y pronunciamientos institucionales por parte de legisladores.
La diputada Catherine Pinto, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó que los hechos denunciados deben ser investigados con profundidad y sostuvo que este tipo de delitos no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia.
“Tienen que tener la sanción correspondiente y la investigación pertinente. Como mujeres, madres, haremos un acompañamiento al proceso para que se dé con total transparencia, a su vez, incidir en la Comisión de Justicia para que el proceso también sea dado con celeridad, eficiencia y eficacia”, manifestó.
La legisladora señaló que el objetivo principal debe ser el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad, independientemente de la institución involucrada.
“Lo único que queremos es que se dé con la verdad, la verdad duela a quien le duela. Yo soy católica, pero si hay personas que han incurrido en delitos sexuales contra mujeres, niños o cualquier ser humano, pues lo tienen que pagar”, agregó.
Piden actuación de oficio y respuesta institucional
Pinto también consideró que el Ministerio Público debería iniciar investigaciones de oficio sin esperar denuncias formales de las víctimas o sus familiares.
Asimismo, cuestionó el silencio de la Compañía de Jesús frente a las acusaciones y pidió que la institución defina una posición pública sobre las denuncias reveladas en la publicación.
“Independientemente de si es la Iglesia católica, cristiana o adventista, tiene que haber una manifestación de su parte sobre cuál será el procedimiento, si someterán a procesos a sus sacerdotes, si apoyarán a las víctimas. Tiene que haber una manifestación de la institución”, afirmó.
La diputada también planteó la necesidad de revisar la legislación para que los delitos sexuales sean imprescriptibles, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, y advirtió sobre los riesgos de intimidación que enfrentan quienes denuncian este tipo de hechos.
Comisión de Derechos Humanos analiza el caso
Por su parte, la diputada Lissa Claros, de la alianza Libre, informó que el contenido del libro ya fue puesto en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y otras instancias legislativas relacionadas con temas de género y protección de derechos.
Claros señaló que se trata de un asunto extremadamente delicado que requiere una investigación seria y responsable antes de emitir conclusiones definitivas.
“En esos temas tan sensibles y tan delicados lo que más interesa es la responsabilidad. La Comisión de Derechos Humanos está trabajando en ello, el Comité de Género. Es fundamental esperar los resultados a los que arribará la Asamblea Legislativa para hacer una valoración”, sostuvo.
La legisladora enfatizó que el Estado debe garantizar la máxima protección a las víctimas y evitar cualquier forma de revictimización durante los procesos de investigación.
Asimismo, remarcó que los mecanismos de atención deben asegurar acompañamiento, protección y garantías para quienes hayan sufrido agresiones físicas, sexuales o psicológicas.
Las denuncias difundidas en el libro han reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional frente a los casos de abuso sexual, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
