El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, presentó los principales lineamientos del proyecto de Ley de Inversiones, una propuesta que busca fortalecer la seguridad jurídica y generar mayores garantías para los inversionistas nacionales y extranjeros.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa establece que cualquier futura nacionalización o expropiación deberá contar previamente con la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, limitando así la facultad unilateral del Ejecutivo para adoptar este tipo de decisiones.
Durante una exposición realizada ante la Cámara de Mujeres Empresarias, Espinoza señaló que la medida constituye un mecanismo de resguardo para las inversiones.
“Eso es un candado brutal porque ahora un tipo, salvo que tenga dos tercios en la Asamblea ganados y esa Asamblea sea absolutamente obtusa de asumir un costo en el presente de la nacionalización, cosa que ningún político quiere hacer”, afirmó.
El ministro explicó que la propuesta no elimina la posibilidad de nacionalizar o expropiar, debido a que se trata de una facultad reconocida por la normativa vigente, pero busca que cualquier decisión de ese tipo cuente con respaldo legislativo.
“Lo que estamos haciendo es poner un candado al político de turno y obligarlo a consultar al Congreso”, sostuvo.
Protección integral al patrimonio de los inversionistas
El segundo eje del proyecto está orientado a garantizar la protección del patrimonio de quienes invierten en el país. Según Espinoza, la propuesta contempla que, en caso de expropiación o nacionalización, se valore no solo la infraestructura física de una empresa, sino también sus activos intangibles.
“Se produce también con ideas, se produce también con activos intangibles y esos también van a tener que entrar en el costo cuando se valora la inversión”, explicó.
Asimismo, indicó que la normativa buscará reducir las asimetrías existentes entre la inversión privada nacional y la extranjera. Aunque la Constitución establece una prioridad para la inversión boliviana, el proyecto pretende definir ámbitos específicos en los que ambos tipos de inversión reciban un tratamiento equivalente.
Apertura al arbitraje internacional
Otro de los pilares de la iniciativa se refiere a la resolución de controversias mediante mecanismos de arbitraje internacional.
Espinoza afirmó que existe una interpretación errónea respecto a la imposibilidad de recurrir a instancias internacionales, al señalar que las restricciones constitucionales se aplican específicamente al sector hidrocarburífero.
“Se abre de nuevo la posibilidad de resolver disputas en el ámbito internacional para todo lo demás que no sea hidrocarburos”, aseguró.
Reformas en minería e hidrocarburos
El titular de Economía informó además que el Gobierno prevé remitir a la Asamblea Legislativa al menos tres proyectos normativos estratégicos: la Ley de Inversiones, una nueva Ley de Minería y una nueva Ley de Hidrocarburos, cuyos borradores ya fueron elaborados.
En el caso de la normativa hidrocarburífera, adelantó que incluirá modelos de contratos previamente definidos, con el objetivo de agilizar los procesos de aprobación y reducir la discrecionalidad política en la negociación de acuerdos.
Según la autoridad, el conjunto de reformas busca mejorar el clima de negocios, atraer nuevas inversiones y otorgar mayor previsibilidad a los actores económicos que operan en Bolivia.
