A pocos días de iniciar agosto, el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 continúa pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores, una situación que genera preocupación entre legisladores y analistas económicos por posibles efectos en la ejecución de proyectos, la inversión pública y el funcionamiento de diferentes entidades estatales.
El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Hidelberto Márquez, advirtió que la demora reduce el tiempo disponible para ejecutar los recursos asignados y podría afectar a gobernaciones, municipios y a la propia Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Cada día que pasa entramos en más corto tiempo para ejecutar el Presupuesto General del Estado. Esto implica parálisis de obras, parálisis del sistema educativo en algunos contextos y parálisis del tema de salud”, señaló.
Márquez explicó que los gobiernos autónomos departamentales y municipales requieren contar con el presupuesto aprobado para avanzar con procesos administrativos, contrataciones y ejecución de proyectos. Según el legislador, el retraso dejaría a las entidades subnacionales con un periodo reducido para utilizar los recursos.
“Los gobiernos autónomos departamentales y municipales solo tendrían cuatro meses para ejecutar todo ese presupuesto. Esto implica que les estemos quitando operatividad”, afirmó.
Por su parte, la diputada del PDC, Helen Patiño, cuestionó la demora del Ejecutivo en remitir el proyecto reformulado y señaló que existe incertidumbre sobre la distribución de los recursos públicos.
“Ya estamos cuántos meses atrasados. El ministro de Finanzas se había comprometido a presentar el reformulado en febrero y eso no ocurrió”, manifestó.
La legisladora pidió que el documento sea analizado con detalle antes de su aprobación, debido a que involucra recursos destinados a sectores prioritarios como salud y educación.
“No podemos continuar con un presupuesto que no es claro, que no ha sido discutido a detalle. Estamos hablando de la economía de Bolivia y debe estar bien distribuida y justificada”, sostuvo.
Desde el ámbito económico, el analista Rubén Arias señaló que la falta de aprobación del presupuesto refleja dificultades en la gestión financiera del Estado y puede generar problemas administrativos y jurídicos.
“El Estado está trabajando prácticamente a ciegas, con directrices del Ministerio de Economía, pero sin que estas hayan sido plasmadas en una ley”, explicó.
Arias indicó que la demora afecta la planificación de ministerios y gobiernos subnacionales, además de poner en riesgo la ejecución de proyectos previstos para la presente gestión.
“No hay una normalidad en las actividades de los distintos ministerios ni de los gobiernos subnacionales. Si esta situación continúa, quienes van a ser afectados son todos los proyectos que se tienen previstos”, afirmó.
El economista recordó que el presupuesto estatal debe aprobarse antes del inicio de la gestión fiscal y consideró que el retraso evidencia dificultades de coordinación política dentro de la Asamblea Legislativa.
Entretanto, la presidenta de la Comisión de Planificación, Eliana Acosta, informó que el PGE Reformulado 2026 fue revisado de manera preliminar y que se analiza su tratamiento en comisión, posiblemente con la participación del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
Una vez aprobado el informe en comisión, el proyecto será remitido al pleno del Senado para su debate. El documento ya fue enviado semanas atrás por la Cámara de Diputados para su tratamiento en la Cámara Alta.
