La justicia determinó este jueves la detención domiciliaria sin salida laboral para el exdiputado Freddy Mamani, además de otras medidas cautelares, dentro del proceso que investiga los bloqueos registrados en el país entre mayo y junio.
La resolución judicial también establece arraigo, presentación quincenal ante el Ministerio Público y la obligación de presentar un garante personal y otro solvente, este último con una responsabilidad económica de Bs 30.000 en caso de incumplimiento o fuga.
Durante la audiencia, el juez rechazó la solicitud de salida laboral presentada por la defensa al considerar que no existían suficientes elementos para acreditar las condiciones y horarios de la actividad que desempeña el imputado.
“No se tiene la certeza de los horarios y las condiciones en las cuales el imputado tenga esa actividad”, señaló la autoridad judicial al fundamentar su decisión. No obstante, aclaró que esta medida podrá ser revisada en el futuro si se presentan nuevos elementos que justifiquen la autorización.
Mamani fue imputado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud pública.
De acuerdo con la investigación fiscal, entre el 16 y el 29 de junio el exlegislador difundió declaraciones a través de medios de comunicación y redes sociales en las que cuestionó una supuesta preparación de un estado de excepción y exhortó a policías y militares a no intervenir en las movilizaciones.
La Fiscalía sostiene que esos mensajes habrían respaldado las medidas de presión que se desarrollaban en diferentes regiones del país. Sin embargo, la investigación no le atribuye una participación directa o física en la organización y ejecución de los bloqueos.
En su declaración, Mamani rechazó las acusaciones y aseguró que nunca promovió ni dirigió las movilizaciones. Además, sostuvo que sus manifestaciones públicas estuvieron amparadas por el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Tras conocerse la decisión judicial, tanto el Ministerio de Gobierno como la defensa del exdiputado presentaron apelaciones incidentales. En consecuencia, la resolución será revisada por un tribunal de alzada, que deberá ratificar, modificar o revocar las medidas cautelares impuestas.
