El abogado Marcelo Aliaga y la familia de Cirilo Fernández exigieron celeridad a la justicia y pidieron que se fijen, de una vez, fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares contra Jean Carla Terrazas Cortez, presidenta de CAMEBOL, y su hijo Alejandro Chileno Terrazas, imputados por los presuntos delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
El reclamo surge después de que la audiencia fuera suspendida por segunda vez. En esta última ocasión, la postergación se debió a que el juzgado atendía otra audiencia cautelar por un caso de homicidio. Para la defensa, cada demora prolonga la incertidumbre de un adulto mayor que busca esclarecer cómo su identidad habría sido utilizada para constituir una empresa sin su consentimiento.
Aliaga y los familiares de Fernández demandaron que las autoridades judiciales actúen con independencia, sin dejarse presionar por la capacidad económica o la posición pública de los denunciados. Sostienen que la falta de recursos de la víctima no puede convertirse en una desventaja para acceder a una justicia oportuna.
“Pedimos que la justicia no se doblegue porque la otra parte tiene dinero y la víctima es una persona de escasos recursos. Lo que exigimos es que se señale fecha y hora para la audiencia y que el caso avance”, es el sentido del reclamo de la defensa y la familia.
Cirilo Fernández sostiene que nunca acudió a una notaría para constituir la empresa inmobiliaria TAPEKE SRL, que no autorizó el uso de sus documentos para ese fin y que tampoco firmó los instrumentos mediante los cuales aparece como propietario del 50% de la sociedad.
Según la denuncia, el adulto mayor descubrió que figuraba como socio de esa empresa cuando intentó cobrar su Renta Dignidad. La familia asegura que esta situación le impidió acceder a ese ingreso, que utilizaba para cubrir sus necesidades básicas. También sostiene que la participación societaria que se le atribuye habría sido transferida posteriormente a Terrazas y a su hijo.
El abogado informó que las pericias incorporadas al proceso habrían establecido que la firma atribuida a su defendido fue falsificada. Sobre esa base, la Fiscalía solicitó la detención preventiva de Terrazas y Chileno por 90 días. En la investigación también está imputada la notaria Merlín Zenteno Gonzales.
El hijo de Fernández insistió en que su padre es la víctima y pidió que las autoridades garanticen que el proceso avance sin privilegios ni diferencias por condición económica.
“Mi padre es la víctima aquí”, reclamó, al cuestionar que una persona adulta mayor de escasos recursos deba continuar esperando una respuesta judicial sobre el presunto uso irregular de su identidad.
La familia también denunció anteriores cuestionamientos y hostigamiento mediático contra Fernández durante jornadas judiciales, hechos que considera injustificados frente a una persona que busca esclarecer lo ocurrido y defender sus derechos.
Los familiares y vecinos que acompañan al denunciante reclamaron que la protección de los adultos mayores se traduzca en acciones concretas y no quede únicamente en declaraciones. Su exigencia es que el juzgado programe la audiencia pendiente y que las autoridades investiguen los hechos hasta establecer las responsabilidades que correspondan.
La defensa considera que el paso inmediato es fijar la audiencia cautelar para Jean Carla Terrazas y Alejandro Chileno Terrazas, a fin de que la autoridad jurisdiccional evalúe los elementos presentados por la Fiscalía y resuelva conforme a ley.
Mientras la audiencia continúa pendiente de programación, Cirilo Fernández espera una respuesta sobre el presunto uso de su identidad y firma. La determinación de responsabilidades corresponderá a la justicia, pero la familia insiste en que el proceso no puede seguir postergándose y reclama que la situación económica de la víctima no determine sus posibilidades de obtener justicia.
