Familiares de víctimas de feminicidio de La Paz y Cochabamba se movilizaron para exigir la modificación del reglamento de la Ley 1680, con el objetivo de que los beneficios de protección social alcancen a todas las niñas, niños y adolescentes que quedaron en la orfandad por estos crímenes, incluidos los casos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la norma.
“Queremos que esta ley sea efectiva para todos, que se incluya a todos y que no sea excluyente para otros. (…) Solo se está contemplando a partir del 4 de marzo del 2026. Entonces, ¿dónde quedan los otros huérfanos?”, cuestionó una representante de las familias en La Paz.
La Ley 1680, promulgada el 5 de noviembre de 2025, establece medidas de protección social y reparación integral para los hijos e hijas de víctimas de feminicidio. Entre los beneficios contempla un bono mensual equivalente, como mínimo, al 20% del salario mínimo nacional, además de un paquete alimentario para menores de cinco años.
Sin embargo, las familias observan que el artículo 3 del Decreto Supremo 5745 limita el registro de beneficiarios a los casos ocurridos desde la entrada en vigencia de la ley, prevista cuatro meses después de su publicación en la Gaceta Oficial. A su juicio, esta disposición excluye a quienes quedaron en la orfandad por feminicidios anteriores y vulnera el propósito de protección de la norma.
Por ello, los movilizados pidieron al presidente Rodrigo Paz y a la primera dama, Marilena Urquidi, intervenir para que se modifique la reglamentación y se amplíe la cobertura de los beneficios.
Desde Cochabamba, Anabel Fernández, representante de la Asociación de Familiares Víctimas de Feminicidio, afirmó que más de 1.600 niñas, niños y adolescentes quedarían fuera de la ayuda debido a la restricción. También señaló que familiares de distintos departamentos se sumaron a la demanda y solicitaron una reunión con el mandatario para exponer la necesidad de modificar el decreto.
Abuelas asumen la crianza en medio de dificultades económicas
Durante la movilización, las abuelas que quedaron a cargo de sus nietos después de un feminicidio expusieron las dificultades que enfrentan para garantizar su alimentación, educación y otros gastos básicos. Muchas de ellas son adultas mayores que deben asumir estas responsabilidades sin contar con ingresos estables.
Uno de los testimonios fue el de Bernardina Condori, quien cría a tres nietos tras el feminicidio de su hija, ocurrido en febrero. Entre lágrimas, pidió justicia y apoyo para los niños, además de reclamar una sentencia contra el responsable de la muerte de Maritza.
“Me estoy sacrificando como abuela”, expresó al describir el esfuerzo que realiza para sacar adelante a sus nietos.
Cifras oficiales de la orfandad por feminicidio
De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado a los que accedió ERBOL, entre 2020 y julio de 2026 se registraron 536 niñas, niños y adolescentes que quedaron en la orfandad a causa de feminicidios.
No obstante, esta cifra todavía no representa el universo total de afectados, según la información difundida.
Las familias insisten en que la modificación del reglamento es necesaria para evitar que cientos de menores queden excluidos de las medidas de protección y reparación, y reclaman que la ayuda llegue a todos los hijos e hijas que perdieron a sus madres por la violencia feminicida.
