El exfiscal general del Estado, Pedro Gareca, cuestionó la designación de nueve fiscales departamentales realizada por el fiscal general interino, José Armando Urioste, al considerar que los nombramientos se efectuaron al margen de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Entrevistado en el programa La Mañana en Directo, de ERBOL, Gareca sostuvo que las designaciones se realizaron “a dedo” y calificó esta práctica como “vedada, ilegal, inconstitucional”. Según explicó, la Ley 260 establece que la selección de fiscales departamentales debe realizarse mediante un concurso público que contemple la evaluación de méritos, experiencia profesional e idoneidad.
El exfiscal señaló que, inicialmente, se había dispuesto que los fiscales con mayor antigüedad asumieran responsabilidades departamentales. Sin embargo, afirmó que pocos días después se procedió a posesionar a nueve autoridades sin desarrollar el proceso de selección previsto por la normativa.
Gareca también rechazó el argumento de que el carácter transitorio de la gestión de Urioste justifique prescindir de los procedimientos legales. A su juicio, existía tiempo suficiente para publicar una convocatoria, evaluar a los postulantes y designar a las autoridades titulares.
“El tiempo era suficiente para designarlo y eso sería una muestra de transparencia del fiscal interino”, manifestó.
Asimismo, advirtió que la falta de procedimientos transparentes puede afectar la legitimidad de las autoridades del Ministerio Público y debilitar la confianza ciudadana en la administración de justicia. Por ello, instó a que los nombramientos se ajusten a la Constitución Política del Estado y a la legislación que regula el funcionamiento de esa institución.
Las observaciones se producen en medio de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público tras la detención del exfiscal general Roger Mariaca y de colaboradores vinculados a los procesos investigados.
Para Gareca, estos hechos reflejan la necesidad de establecer mayores exigencias de idoneidad, transparencia y probidad para quienes ejercen funciones públicas, especialmente dentro del sistema judicial.
También planteó la necesidad de impulsar una reforma integral de la justicia que contemple mecanismos para apartar a funcionarios presuntamente involucrados en hechos de corrupción y políticas públicas destinadas a prevenir la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en las instituciones estatales.
Propone una comisión nacional para elegir al fiscal general
En relación con la próxima elección del fiscal general titular, Gareca propuso conformar una comisión nacional integrada por profesionales de reconocida capacidad y experiencia en áreas como derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal penal y criminología.
De acuerdo con su planteamiento, esta instancia tendría la tarea de evaluar los antecedentes de los postulantes y elaborar una lista vinculante que sería remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), responsable de elegir a la máxima autoridad del Ministerio Público entre los candidatos mejor calificados.
El exfiscal considera que este mecanismo permitiría fortalecer la transparencia y la evaluación técnica de los aspirantes sin eliminar las atribuciones constitucionales de los legisladores.
No obstante, señaló que su implementación podría requerir una norma específica o una articulación de las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
La propuesta se suma al debate sobre la institucionalidad del Ministerio Público y los mecanismos para garantizar que la selección de sus principales autoridades responda a criterios de mérito, capacidad profesional e independencia.
